El Gobierno publicó, para observaciones ciudadanas, el decreto para control de riesgos a la salud y la naturaleza por erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional en una sentencia que, me da mucha pena, pero fue una literal “lavada de manos”: abrimos la puerta a la aspersión y quedamos bien con unos, pero con requisitos que la conviertan en laberinto kafkiano y quedamos bien con otros.
Esa es mi percepción del decreto, lleno de conceptos previos, auditorías y participación ciudadana, “antes, durante y después”. No se trata de evadir la veeduría ciudadana ni de expedir patentes de corso, pero el narcotráfico es un delito y su persecución una acción policiva que obliga a la justicia.
La aspersión aérea puede afectar la salud y se debe considerar ese riesgo. Tiene un impacto ambiental que debe ser mitigado, pero es peor el de la tala y la contaminación del narcotráfico o la destrucción de los ríos por la minería ilegal.
“De dos males el menor”, es un asunto de sentido común y un dilema ético que enfrenta la medicina, por ejemplo (la amputación de un miembro o la vida), y que debe asumir el gobernante frente a su mandato constitucional de preservar el interés general sobre el de unos pocos.
El tema de la lucha contra el narcotráfico es controversial, ideologizado. Según la postura frente a las estrategias para derrotarlo, se es imperialista y de ultraderecha -malo-, o libertario y socialista -bueno-. Hoy, además, los partidarios de la aspersión controlada son depredadores ambientales (malos), y los de sustitución voluntaria y erradicación manual “ambientalistas” (buenos). En esta narrativa perversa, el malo de Uribe utilizó la primera y redujo a 44.000 hectáreas los cultivos ilícitos, hasta que el bueno de Santos, por la presión extorsiva de las Farc, disfrazada de preocupación en salud, la eliminó y nos dejó con 200.000 hectáreas, control territorial y crímenes.
Lo mismo pasó con la paz, que, al final, nunca llegó. Las preocupaciones por “lo social”, “lo ambiental” y la “participación ciudadana”, manipuladas por la izquierda y el centro-santismo, se atraviesan al fracking controlado, sin pensar en la pobreza que vendrá cuando toque importar el petróleo; como se atraviesan a la aspersión controlada, en un país tapizado de coca y manchado de sangre por el narcotráfico.
¿Quién asesinó a Gloria Ocampo y a más de 600 líderes sociales?: Las disidencias, el ELN, los Pelusos y un largo etcétera con un factor común: narcotráfico. ¿Por qué?: por la lucha feroz por territorios de cultivo y de rutas.
No obstante, la izquierda y el centro-santismo, ambos en paro, culpan al gobierno, como si el presidente fuera el perpetrador. Doble moral, mezquindad y mentira mediática. El enemigo es el narcotráfico y el país tendrá que elegir, entre varios males el menor: aspersión aérea controlada, a partir de un decreto realista, que proteja la salud y la naturaleza, sin amarrar al Estado en su lucha legítima contra el narcotráfico. ¡Adelante Presidente!
