El dedo en la Valla

Las vallas que instaló el exvicepresidente Francisco Santos no paran de generar polémica. En el Congreso los partidarios del presidente Juan Manuel Santos las acusaron de ser un ataque al proceso de paz, calificación con la que describen todo aquello que no sea respaldo a los diálogos en La Habana. Otros sectores se sintieron ofendidos porque se comparaba a Iván Márquez, el segundo hombre de las FARC, con el capo Pablo Escobar, mientras que muchos ciudadanos encontraron en los gigantescos avisos una razón para reflexionar. El paralelo entre los dos personajes no deja bien parada a las FARC y a quienes, como el fiscal General Eduardo Montealegre, están en una cruzada para conseguir que los autores de graves violaciones de derechos humanos de la guerrilla no sean investigados, juzgados y condenados y si llegaren a serlo, que por ningún motivo cumplan penas de prisión. La razón es sencilla: la comparación no solo es válida sino que evidencia el doble rasero con el que se juzga el terrorismo y el narcotráfico en Colombia. Uno de los logros de las FARC es el de haber elaborado una narrativa legitimadora de sus crímenes que ha penetrado en diferente grado estamentos de la sociedad, y sobre la cual se desemboca en veladas y abiertas justificaciones a suactuación, también en el reclamo de un tratamiento favorable. ¡Las FARC no delinquen, matan por altruismo! Están es en una guerra contra el Estado en la que las personas que han matado, herido o torturado no son sus víctimas sino resultado del “conflicto armado”. Con esa narrativa fácilmente se llegará a concluir que las FARC tenían razón: nunca secuestran soldados y policías, son prisioneros de guerra; tampoco secuestran ciudadanos, ejercen es el derecho a retenerlos por no pagar el “impuesto para la paz” que ordenaron en la llamada “ley 002” del año 2000. El profesor norteamericano Jhon Arquilla, experto en guerras en red, señala que uno de los ámbitos en que se debe analizar una organización terrorista es el de la narrativa. En ese campo las FARC han conseguido una enorme ventaja. Expresidentes, académicos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, periodistas despistados y otros no tanto, redes internacionales de apoyo y el propio gobierno validan sus discursos. Precisamente, por eso la valla de Francisco Santos pone el dedo en la llaga. La imagen destruye esa narrativa y pone las cosas al derecho, tal y como son: las FARC son peores que el Cartel de Medellín. Son responsables de más muertos, secuestros, bombas, desplazamientos, torturas y narcotráfico que cualquier otro aparato criminal, incluido las AUC. Envía otra mensaje: la legitimidad de un Acuerdo de Paz pasa por el respeto absoluto a los derechos de las víctimas y a que éste no sea una gigantesca lavandería de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y narcotráfico. ¿Por qué discriminar a las víctimas para favorecer a los victimarios? El gobierno Santos está dispuesto a todo para conseguir un acuerdo. Ya reformó la Constitución con el fin de autorizar la renuncia a la persecución penal de todos los crímenes, con excepción de aquellos que perpetren quienes lleguen a ser considerados “máximos responsables” de los que adquieran la connotación de  lesa humanidad, de guerra y genocidio”. El detalle está en que según el Fiscal ningún miembro de las FARC está procesado por tales crímenes. Los “menos responsables” de esas atrocidades y los demás violadores de derechos humanos, no pagarán cárcel sino que harán trabajo comunitario o pedirán excusas públicas. Igual ocurrirá con el narcotráfico que se pretende sea conexo con el delito político para quelos capos de las FARC no puedan ser extraditados. Estados Unidos y la comunidad internacional debe apoyar la búsqueda de la  paz en Colombia, pero no equivocarse en avalar un Acuerdo basado en impunidad y elegibilidad para criminales, menos que desconozca los derechos de las víctimas y/o sirva de blindaje jurídico a narcotraficantes. Hacerlo es promover la repetición de violaciones de derechos humanos, al igual que mostrar un camino a los carteles mexicanos de la droga: si quieren evadir la extradición, lavar riquezas y no pagar cárcel: inventen una narrativa política, escalen la violencia y luego propongan un “Acuerdo de Paz”. @RafaGuarin