El camino de la legalización

Propone el alcalde Gustavo Petro, palabras más palabras menos, que el Estado se encargue de proveer la droga para los adictos. Así escuetamente, es lo que sugiere. Y si no se mira la profundidad de la medida se puede caer a la ligera, también sin arandelas, en que cada uno lo entienda desde sus limitaciones mentales, sus linderos ideológicos o desde su propia dosis de doblemoralismo. Lo que pretende Petro aunque el tono no deje de resultar un tanto pendenciero es ocuparse sin tapujos de un tema de salud pública que tiene varias aristas en los asuntos de orden público. Nadie que conozca de cerca el problema del consumo de sustancias sicotrópicas, o que haya vivido familiarmente el drama de la dependencia o tan siquiera esté medianamente informado sobre el asunto del microtráfico, puede oponerse sensatamente a una idea que lleva como premisa atender al ser humano víctima de la drogadicción, el cual, a su vez es victimario de la sociedad como corolario de su ansiedad y su enajenación. Sale como gran espadachín el procurador Alejandro Ordoñez, el mismo que se opone al aborto y al matrimonio entre homosexuales, el mismo que con camándula en mano cree que la corrupción se origina en la inclinación al pecado y la falta a la moral cristiana, el mismo que conforma su equipo con destacados militantes religiosos, a decir que Petro se la fumó verde. Que es inconstitucional y que sería la forma de instrumentalizar la delincuencia, cuando no intenta banalizar la propuesta al sugerir que se buscan cifras antes que reducción de la violencia y el microtráfico. Apela incluso a unos estudios de la OEA que parece haber analizado después de leer algún versículo de la Biblia o una epístola de San Mateo, porque cree firmemente que atender a los drogadictos genera más violencia ya que para su santa fe la violencia es consecuencia del estado de enajenación postdroga y no el resultado de la ansiedad enajenante predroga. Sus estadísticas debieron ser monitoreadas por los Caballeros de la Virgen o alguna organización fundamentalista de esas que no necesitan consumir ningún alucinógeno para ver la realidad al revés. No. Señor Procurador, las drogas psicoactivas casi siempre generan estados eufóricos y desdibujan realidades pero no inducen necesariamente al camino del crimen y la violencia. Sin embargo, lo que si demuestran todos los estudios científicos y sicológicos  es que su dependencia, más las dificultades para adquirirlas por escasez de recursos, o por la prohibición, y sumado a ciertas condiciones sociales, sí conducen a salidas criminales y trasgresoras de la ley. Mejor se comportó el fiscal general Eduardo Montealegre, que salió a pedir que se estudiaran juiciosamente los alcances de la iniciativa y que no se le debería tener miedo a propuestas audaces como la Petro. Y oportunamente respondió el Secretario de Salud distrital, Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la forma en que se iniciará la asistencia médica para consumidores de drogas como primera etapa de la propuesta del alcalde de Bogotá, pero aclaró que será el Congreso de la República quien deberá tomar la decisión de “legalizar” los centros de consumo de estupefacientes para atender drogadictos. El hecho concreto es que Petro esta vez se salió con la suya y puso a pensar al país sobre un tema de fondo. ¿Qué hacer con la droga? Porque entre otras cosas este tipo de soluciones tienen que ser concertadas con el gobierno nacional. Pero de lo que puede estar seguro todo el mundo es que Petro no necesitó darse en la cabeza, como además parece que literalmente le sucedió y le ha ocasionado aneurismas e intervenciones quirúrgicas, para comprender el tema humano que hay detrás de la drogadicción. Y sobre todo que de alguna manera se entromete y se compromete con el tema que subyace. Si el Estado debe proveer la droga, deberá hacerlo de una manera legal, porque hasta ahora la comercialización, el transporte y la distribución están penalizadas. Luego para adquirirla la administración distrital tendría que comprarla a un expendedor autorizado y eso no existe. Lo que quedaría por hacer es que se promuevan situaciones particulares como la de que la droga decomisada a los traficantes y microtraficantes se entregue a las autoridades sanitarias para que la suministren a los adictos. Y en ese recorrido habrá surtido necesariamente un proceso de legalización. Ya con esta lógica y por la vía de los hechos se estará entrando inevitablemente al terreno de la legalización o la descriminalización de la droga que tanto pregonan aquellas personas que ven el mundo diametralmente apuesto al de los Caballeros de la Virgen y al Procurador.  Y entonces aparecerán los padres chuchos o los cristianos de la Roca y dirán que hay que condecorar con la cruz de algo al alcalde de Bogotá porque se atrevió a abrir el camino de la legalización de la droga. Y no faltarán los escribanos que lo postularán para beatificación por cuanto encontró la forma de comenzar a acabar con la cadena criminal que se inicia con el tráfico ilegal de sustancias psicoactivas, que necesariamente redundará en reducir los márgenes de criminalidad en el microtráfico, y por supuesto en terminar con uno de los principales factores de corrupción de la sociedad entera y del Estado. Y hasta las carmelitas descalzas volverán al alcalde Petro su patrono por haber propiciado que se acabará algún día con el principal soporte económico de la guerrilla y de los paramilitares. Con lo cual por ese camino habrán desaparecido por sustracción de materia varias de las principales plagas que azotan a Colombia, y que en buena parte se deben a la política antidrogas que decidió emprender el mundo encabezado por Estados Unidos hace casi cuatro décadas. En la que es evidente que todos los remedios han resultado peores que la enfermedad.