Durante las últimas semanas, en el Congreso de la República viene rondando un proyecto de ley que busca permitir la cadena perpetua para violadores de niños. No obstante, esta iniciativa normativa fue archivada en primer debate por considerarse como un proyecto de suma relevancia para la integridad de la niñez y la juventud, que no debía tramitarse en época electoral a fin de sacar provecho en campaña sobre el mismo. Esperemos que el debate se retome después de octubre y que sea abordado con la conciencia suficiente para hacer justicia y ejemplarizar las penas frente a este crimen de lesa humanidad.
Pero más allá de dicha situación, lo que debemos tener presente es que en Colombia esta clase de criminales se burlan de cualquier tipo de norma que intente poner freno a su conducta, debido entre otras cosas, a la maleabilidad de las penas que impone la justicia. Por ejemplo, para algunos sectores ya es suficiente con que un abusador sea condenado a la pena máxima que contempla 60 años de prisión; pero esto sería proporcional si la ‘buena conducta’ del agresor no se convirtiera en una salida a sus culpas y en una reducción indirecta de los años de cárcel a los que fue condenado.
Otros arguyen que la medida resulta irrazonable y va en contravía de algunos tratados Internacionales ratificados por el país, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, concepto que es compartido por la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Aunque respeto la proposición, considero que es mucho más irrazonable que el victimario termine siendo una víctima en el proceso, y que mientras se protegen los derechos de éste, se acentúe el sufrimiento de los niños y niñas vulnerados cruelmente.
Asimismo, tampoco se puede desconocer que tenemos una historia de victimización que ha marcado la niñez en Colombia por años. La búsqueda de una resocialización quizá esté mal planteada y en algunas ocasiones sea inútil. Los casos en nuestro país sobran y demuestran que buena parte de los violadores de niños que quedan libres reinciden.
Por mencionar algunas aberraciones podemos traer a colación el caso de Daniel Camargo Barbosa, conocido como el Sádico de El Charquito, quien se escapó de la cárcel Gorgona en 1.984 donde se encontraba recluido por la comisión de más de 60 abusos sexuales a menores de edad y algunas mujeres, y que luego de eso, continúo con sus atrocidades en países como Ecuador y Brasil. O al caso que más se conoce, el de Luis Alfredo Garavito Cubillos, que cometió más de 180 crímenes contra niños y niñas y cada vez está más cerca de terminar su burlesca condena.
Pese a que estos casos parecen ser tragedias del pasado, la situación en Colombia no mejora del todo y la aparición del fenómeno de violencia sexual contra los niños recobra la misma vigencia. Puesto que como lo sostiene el “Informe preliminar de lesiones no fatales a causa externa en Colombia”, publicado por Medicina Legal, entre enero y abril de este año, ya se han presentado 8.230 casos de presuntos delitos sexuales. De los cuales, 7.141 corresponden a víctimas menores de edad.
Esto no puede ser una cifra que se normalice, sino que tiene que convertirse en una alarma que sirva como justificación fáctica del llamado que se hace en el Congreso para apoyar la cadena perpetua a violadores de niños y niñas. Propuesta a la que reitero mi total apoyo. Un peligro inminente y de tal magnitud debe ser condenado con la máxima dureza y es responsabilidad de todos concientizarnos de la protección de los menores, que al final de cuentas, son los que más sufren en todo esto.
Si bien el Estado tiene la obligación constitucional de velar por los derechos de los niños con primacía frente a los demás, el mismo informe demuestra que la mayoría de agresiones sexuales se cometen en los hogares y en espacios privados donde frecuentan los niños. La lucha contra el abuso sexual a menores, requiere un trabajo conjunto que involucre una legislación rigurosa y sin pleitesías para el criminal, un acompañamiento integral a la víctima, programas y canales de prevención a niños y niñas, y un cuidado responsable desde los hogares.
