Durante los últimos dos meses hemos venido hablando del proceso de discusión y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT que actualmente se encuentra en la Comisión Primera de Plan del Concejo de Bogotá. Hemos lanzado una docena de alertas, inconvenientes normativos y fallas que, de no modificarse, podrían afectar las dinámicas urbanas de la ciudad.
Aprobar o no este Proyecto de Acuerdo es una decisión que se debe tomar con la suficiente argumentación técnica y conceptual, considerando también si esta propuesta cumplió con todos los procesos exigidos por la norma (especialmente la Ley 388 de 1997). Además, esta decisión debe tener en cuenta si el POT, como se encuentra planteado, beneficia o no al grueso de la población y proporciona la seguridad jurídica necesaria para quien desee aplicar la norma.
No obstante, encontramos cada vez más obstáculos tanto para los desarrolladores como para los gestores y administradores de la ciudad, incluido el Concejo de Bogotá, pues el POT deja mucho por definir y/o reglamentar, tal como la reglamentación de manuales, cartillas y varios instrumentos como el Plan de Movilidad, los Planes Maestros (servicios públicos, vías, equipamientos, etc.), el Plan Director de Parques, los Planes de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Mercancías, así como la reestructuración de las 20 localidades de la ciudad que en este momento son obsoletas para asegurar una gobernabilidad del territorio.
Además, el POT sugiere un Programa de Ejecución en donde se encuentran consignados los proyectos estratégicos para los próximos 12 años, y que se encuentra acompañado de un Plan de Inversiones. Sin embargo, este Programa, que cuenta con 17 páginas y en donde se asignan unos costos basados en estimaciones, no representa una hoja de ruta lo suficientemente soportada para ser considerada. Estas estimaciones contemplan una inversión de $ 84 billones en 23 proyectos, y aún distan de tener una programación clara de las actividades, cronograma, entidades responsables y los recursos financieros necesarios para su ejecución.
Si bien entendemos que un proyecto urbano se encuentra sujeto a estudios de prefactibilidad y factibilidad que determinan su valor final, uno de los grandes errores del POT vigente es que no incluyó metas claras a corto, mediano y largo plazo, ni asignó un cronograma de inversiones ni fuentes de financiación, por lo cual las administraciones distritales que lo desarrollaron carecieron de herramientas suficientes para hacer realidad los macroproyectos de la ciudad. Esperábamos ver en la nueva propuesta orientaciones claras para resolver dichos vacíos.
Así mismo, los artículos 236 y 527 de la propuesta dejan estipulado que, hasta que no sean expedidos los manuales y cartillas señaladas en el POT, seguirán aplicando las especificaciones técnicas adoptadas que se encuentren vigentes. Todo esto genera una gran incertidumbre para quienes esperan desarrollar los grandes proyectos de la ciudad acerca de cuáles son las normas que deben aplicar y bajo qué parámetros se deben orientar.
Pero quizás el mayor vacío del nuevo POT está en confiar en una sola visión de ciudad cuyo origen son los algoritmos de un sistema de cartografía o de georreferenciación, que a su vez carece de una observación más íntima de la realidad de cada barrio. Al nuevo POT se le escapan las dinámicas culturales que han jalonado el desarrollo de la ciudad durante los últimos 20 años, como tampoco recoge los múltiples anhelos ciudadanos desde un proceso participativo más amplio, porque no construyó una visión conjunta de los bogotanos.
Por todo esto, es difícil manifestar un voto positivo al proyecto. La discusión en el Concejo de Bogotá continúa, y aún hay tiempo para corroborar si la administración recoge las inquietudes que venimos manifestando desde hace meses y aportar para lograr el mejor POT posible.
