Por: Patricia Cifuentes Osorio (@CifuentPatricia)
“Con humildad pero con toda la berraquera, lo que nosotros necesitamos nunca nos lo va a reconocer el gobierno, tenemos que arrebatárselo en las calles” (Ciudadano del Chocó durante una de las protestas en el paro cívico de los últimos días).
El 2017 ha estado atravesado por protestas sociales de toda índole cuyo común denominador son los incumplimientos de los acuerdos por parte del Gobierno. El Chocó está en paro exigiendo que les cumpla los 10 puntos del acuerdo de 2016. No pueden seguir esperando eternamente, así que en todos los municipios del departamento se han organizado para protestar.
Afirma el senador Jorge Robledo en carta dirigida el 12 de mayo al Presidente Santos: “su gobierno se comprometió, entre otros puntos, a terminar la pavimentación de 75 kilómetros entre Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, construir un hospital de tercer nivel en Quibdó y tres hospitales de mediana complejidad en Istmina, Riosucio y Bahía Solano, construir y/o dotar 158 sedes educativas, montar pequeñas centrales hidroeléctricas en Juradó, Nuquí y Bojayá, tender las redes eléctricas para interconectar a Unguía, Acandí, Medio Atrato y Alto Baudó y financiar programas para el empleo en los sectores pesquero, agropecuario, minería responsable y cambio climático” (http://bit.ly/2pX5zVK). Promesas todas incumplidas.
Pero no es solo el Chocó. Buenaventura, el principal puerto en el Pacífico, mueve el 49% del comercio exterior (http://bit.ly/1q2HGqG), exporta más de 3 millones de toneladas de productos e importa casi 800 mil (http://bit.ly/2qIH7Vk). Tiene 408 mil habitantes, el 92% de los cuales vive en la zona urbana con una tasa muy alta de desempleo, que pasó de 29% en 2003 a 63% en el 2014.
Son 83 las organizaciones que convocan buscando que se declare la emergencia social en el puerto. Están exigiendo principalmente el derecho al agua potable, pues la mitad del municipio carece del servicio y quienes lo tienen se quejan de las frecuentes suspensiones, hasta de cinco días. El Gobierno no responde, la plata de las obras desaparece e HIDROPACÍFICO, el operador privado, hace más ganancias vendiendo agua a los buques y quitándosela a los ciudadanos. Les cobra el metro cúbico a $17.500 pesos, más de lo que paga el estrato 5 en Bogotá, cuyo valor promedio es de $14.511.
Mientras los bonaverenses exigen empleo, salud, vivienda y agua potable, el gobierno nacional les manda al ESMAD como única respuesta.
Barrancabermeja, la capital petrolera de Colombia, a orillas del río Magdalena, presenció el 17 de mayo una multitudinaria movilización que exigía modernizar la Refinería, principal fuente de empleo de la ciudad.
También están en paro los maestros. Desde el 11 de mayo, obligados por los incumplimientos del gobierno nacional, exigen dignas condiciones laborales y de salud, como también una educación pública y de calidad para los niños y las niñas. A este paro se han sumado los trabajadores estatales, del INPEC, de la DIAN, de la Rama Judicial. La razón, el incumplimiento reiterado del Gobierno a los acuerdos suscritos desde el año 2014.
Hubo además paro de taxistas porque no se controlan aplicaciones ilegales como Uber, que violan la legislación colombiana. Y están en cierne procesos de revocatoria a mandatarios locales en Bogotá y otras ciudades. Todos los días el país se despierta con alguna protesta social.
Mientras tanto la corrupción pulula y Juan Manuel Santos reprime a las comunidades cuando intentan hacer oír su voz. Las personas no salen a protestar porque quieren. Lo hacen porque las obliga la inoperancia del Gobierno.
Al repasar todas estas injusticias, es inevitable que venga a la memoria una frase que Jorge Eliecer Gaitán pronunciara: “Porque el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el oro americano”. Estamos en definitiva ante una crisis estructural. La gente está cansada de que la malgobiernen los mismos con las mismas y clama a gritos por un cambio.
