El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla reapareció en la vida pública cuando el presidente Iván Duque lo nombró. Antes fue ministro del mismo ramo en la presidencia de Álvaro Uribe.
Y el que es bueno, repite, aun cuando eso que hace tan “bien” sea, al tiempo, tan malo. Entre el 9 de junio de 2003 y el 5 de febrero de 2007, periodo de su ministerio, el sello Carrasquilla se estampó en la reforma pensional que eliminó la llamada Mesada 14, que era un sueldo mensual adicional que recibían cada año los pensionados. Desde 2011 la reforma les quitó cerca de 3 billones de pesos.
Al mismo tiempo, a través de la reforma tributaria de 2006, su sello lo dejó en las Zonas Francas Especiales, que pasaron de ser 11 en el año 2006 a 102 en 2016. Con ellas se le descontaron entre tarifas de impuesto de renta, IVA externo, IVA para insumos y bienes adquiridos en Colombia y aranceles, casi un 1 por ciento del total del recaudo de renta a los ungidos por la buena voluntad -y las exenciones- del gobierno. Beneficios que también gozaron los hijos del expresidente Uribe con la Zona Franca de Occidente.
Esa misma reforma eliminó un impuesto que tenían los giros de utilidades de las multinacionales hacia el exterior, lo que hizo un hueco a las finanzas públicas de 25 billones de pesos desde entonces.
Carrasquilla es un ministro de la entraña del Centro Democrático, partido que con amplia mayoría coaligada al gobierno Duque le salvó el puesto, al negar la moción de censura promovida en el Congreso de la República en medio del debate de los Bonos de Agua.
Con la maniobra de separar la estructuración financiera de las obras y la realización de ellas, el ministro evadió las restricciones propias de las operaciones de crédito público y emisión de deuda, y cargó las deudas adquiridas por los municipios a las transferencias territoriales que el Estado hace a departamentos y municipios.
En suma, la maniobra trajo consigo un altísimo endeudamiento e imposibilidad de pago y 117 municipios, por la alta tasa de interés, no pagaron 440 mil millones de pesos. El gobierno tuvo que rescatarlos, con un costo de 495 mil millones. Solo 29 de ellos pueden mostrar obras funcionales.
Tras el escándalo de los Bonos de Agua, conocidos popularmente como Bonos Carrasquilla, ¿a qué se queda el ministro? Vuelve y juega: a estamparle su sello a las finanzas públicas, esta vez en otra reforma tributaria.
Los efectos de los cambios en materia de impuestos y de las medidas adicionales que planean Duque y Carrasquilla, conocidos en el marco de la discusión de la reforma tributaria en el congreso, golpearían, sobre todo, a la canasta familiar.
En la propuesta presentada, pasaría de tener la mitad de sus productos con tasa de IVA del 19 por ciento, al 18, compensando la reducción con el aumento de la tasa a la otra mitad (ampliación de la base) que no estaba en 19 por ciento, sino en tasas entre 0 y 5 por ciento, igualándola así en un 18 por ciento.
En plata blanca: generar ingresos de 11,3 billones en 2019 y 12 billones en 2020 a través de esa reforma al IVA, a la vez que reducir en 11,88 billones el impuesto de renta a los más acaudalados. Al tiempo, la venta de activos de la nación, que señalan de “no estratégicos”, por 5,4 billones de pesos entre 2019 y 2020, entre otras medidas.
Si por lo impresentable e indefendible de su contenido la reforma no siguiera su curso, no hay razón para creer que no buscarán llenar el hueco fiscal que dejó la aplicación de políticas dirigidas a quebrar las finanzas públicas: más cargas al pobre y a la clase media. El sello Carrasquilla ya demostró ser a prueba de agua, de bonos, de Congreso y de ética.
Amaury Núñez González | @AmauryNG
