A 15 días de elecciones para el Congreso de la República y a dos meses de las presidenciales se presentan todo tipo de situaciones que muestran el talante de los candidatos y los partidos políticos. Es claro que para cada evento político se deben cumplir con las normas reguladas en la Constitución Política, el Código Electoral y el Código de Policía, además de ello lo que cada alcalde como rector del orden público determine para garantizar la seguridad.
En este sentido llama la atención que algunos candidatos presidenciales como Gustavo Petro pretendan que violando la ley, los ciudadanos se sientan atraídos y entreguen su voto. Esto se deduce de lo que ocurrió la semana pasada tal como lo publicó la Revista Semana, “después de una acalorada discusión con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el candidato presidencial Gustavo Petro se presentó ante unas mil personas en Medellín, en la zona de Carabobo Norte, muy cerca al Parque Explora y el Jardín Botánico. En lo que fue un desacato a las autoridades paisas, Petro llegó en medio de vítores y se instaló en una jardinera para dar su discurso. Y es que, como no se habían tramitado los respectivos permisos para realizar el evento, según argumentó la misma alcaldía, a Petro se le desinstaló la tarima y el sonido que ya estaba armado en el lugar, pero esto no impidió que se dirigiera a un nutrido grupo de estudiantes y sindicalistas, quienes habían organizado el evento”.
En un trino Petro sugirió que el alcalde Gutiérrez pretendía prohibirle la manifestación. “Intenta el alcalde de Medellín impedir nuestro evento hoy. El derecho a la reunión, más en campaña electoral, es un derecho fundamental y nos respalda la Constitución del 91”, aseguró.
Es cierto que es un derecho pero en el marco del respeto a la Constitución y a la ley, que implica el respeto al orden público, igualdad de oportunidades para todos los candidatos, al orden en las manifestaciones y a la seguridad en eventos masivos, lo que implica garantizar la salud y vida de los asistentes. No hay excepciones por ser época electoral, al contrario se debe preservar con mayor diligencia y cuidado.
Según la alcaldía, los organizadores del evento no habrían comprado las pólizas de responsabilidad civil extracontractual necesarias para eventos públicos masivos, además de que no tramitaron los permisos necesarios para el cierre de vías, el pago de derechos de autor para usar sonido. Esto significa que en el caso que se genere una emergencia, desastre o una catástrofe ¿quién respondería?, aparentemente el candidato Petro no lo haría y en cambio sí el alcalde de Medellín por no haber exigido los requisitos legales.
Es increíble que el candidato Petro ponga en riesgo a sus seguidores y potenciales votantes solo con el argumento de que es un derecho fundamental hacer reuniones en el espacio público, sin respetar los espacios comunes ni las normas básicas de seguridad.
Si a esto le sumamos que después de haber sido alcalde de Bogotá y que en muchos casos seguramente exigió el cumplimiento de requisitos para eventos masivos a infinidad de personas y grupos políticos, hoy siendo candidato no los cumpla y alegue que es un derecho fundamental no cumplir con ellos.
Aunado a lo anterior se observa con preocupación el Twitter del candidato Petro del pasado 23 de febrero a las 10:52 a.m. donde afirma: “Informo que a todos los bancos a los que se les ha pedido préstamos con cargo a la reposición de votos los han negado, y que ni siquiera ha sido posible abrir la cuenta de campaña que exige la ley. La banca privada de Colombia ha tomado partido y la democracia se deshace”.
Con esa afirmación quedan muchas preguntas que demuestran el incumplimiento a la ley, primero, ¿cómo se financian eventos masivos como el de Medellín y los que ha hecho en todo el país?, ¿se pagan en efectivo factores como refrigerios, publicidad, transporte, etc…?, ¿qué tipo de cuentas entregará al final de su campaña sin una cuenta bancaria que las soporte?, ¿por qué a todos los candidatos el Consejo Nacional Electoral les exige desde su inscripción una cuenta bancaria y al candidato Petro aparentemente no?, ¿que dice la Fiscalía General de la Nación frente a como se estarán pagando estos eventos?
Las campañas políticas demuestran quien es el candidato y su partido político, cómo va a gobernar, a cumplir la ley, a respetar a los ciudadanos, a proteger a sus seguidores y en el futuro a sus gobernados. Qué clase de candidato presidencial es el que incumple la ley, lo dice públicamente y para justificarse aduce equivocadamente el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Hay que tener mucho cuidado para elegir al próximo presidente de Colombia, porque lo único que tiene una nación para convivir pacíficamente es el respeto y cumplimiento a la ley, Colombia ha sido un país legalista por naturaleza y no se puede elegir a un gobernante que acomoda la ley a su beneficio y que con un discurso de persecución política disfraza la realidad.
La Colombia Humana también debe cumplir la ley colombiana, no pueden esperar que se les apliquen excepciones, a todos los candidatos y partidos políticos se les debe exigir por igual y los alcaldes deben cumplir su rol para garantizar la seguridad y el orden público. Hay que dejar de manosear la constitución del 91 y más aún por aquellos que pretendan llegar a la más alta dignidad pública, “Ser Presidente de Colombia”.
