Cada vez se hace más robusta la lista de exfuncionarios de la alcaldía de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro, con investigaciones penales por irregularidades en millonarias contrataciones. De esta forman parte gerentes y directores de importantes entidades distritales como el Acueducto, Aguas de Bogotá, el IDRD y el Instituto Distrital de Turismo.
El turno ahora es para Nicolás Corso Salamanca, exgerente de Metrovivienda, a quien la Fiscalía General de la Nación lo acaba de imputar por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La investigación se deriva de las irregularidades detectadas en un convenio suscrito el 7 de noviembre de 2013, con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar, cuyo valor superó los 9.000 millones de pesos. Las indagaciones dan cuenta de que el convenio no siguió los parámetros de trasparencia en contratación pública que exige la Ley 80 de 1993.
El caso de Corso Salamanca se suma al de los exgerentes de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, y de la empresa Aguas de Bogotá, Mario Álvarez. La Fiscalía los imputó, en noviembre pasado, por las irregularidades que se encontraron en la implementación y contratación de un nuevo esquema de recolección de basuras que impuso la administración de Gustavo Petro, lo que le habría originado a la ciudad un detrimento patrimonial que superaría los 53.000 millones de pesos.
Reinó la improvisación
Según la investigación, Bravo Borda suscribió dos contratos interadministrativos con la empresa Aguas de Bogotá, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2012. Entre los objetos previstos estaba garantizar el servicio público de aseo en la capital, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, entre otras actividades.
Sin embargo, las pruebas demostraron que “Aguas de Bogotá no tenía experiencia, idoneidad ni capacidad técnica y operativa para cumplir con todas las actividades previstas. Además, hay evidencia de que la finalidad del contrato fue modificada para que se ajustara al campo de acción de la empresa que gerenciaba Álvarez Ulloa”.
Además, Bravo también firmó otro contrato para la adquisición de maquinaria y equipos para la prestación del servicio de aseo en Bogotá. Responsabilidad que quedó en manos de un consorcio contratista.
Al respecto, el material en poder de la Fiscalía permitió identificar presuntas inconsistencias en el proceso como deficiencias en los estudios previos, insuficiencia del pliego de condiciones en relación con las especificaciones técnicas de los equipos y maquinarias.
También se pudo establecer que estos no estaban en condiciones óptimas ni respondían a la geografía, clima y accesibilidad para la adecuada tarea de recolección de residuos en Bogotá. Aun así, está acreditado que los vehículos fueron recibidos.
Como parte de este caso se vinculó también a José William Garzón, exgerente corporativo de tecnología del Acueducto de Bogotá y a Jaime Humberto Mesa Buitrago, ex director de contratación y compras de la misma entidad. Los dos habrían intervenido en este proceso de contratación en diferentes etapas. Al parecer, fueron los encargados de estructurar una licitación que no cumplió los requisitos de ley.
Finalmente, otro de los imputados fue Ricardo Agudelo Sedano, gerente de Aguas de Bogotá (entre el 2 de enero de 2013 y el 16 de febrero de 2014), ya que celebró el contrato de entrega en comodato de la maquinaria y los equipos adquiridos para la prestación del servicio de aseo en Bogotá. La tarea se hizo en volquetas, desconociendo el reglamento para la prestación del servicio de aseo. Situación que generó afectaciones e impactos económicos negativos para la empresa.
El ‘virus’ que afectó a ex directora del IDT
Otra exfuncionaria en líos con la justicia es la exalcadesa de la localidad de Bosa y actual mandataria local de Los Mártires, en Bogotá, Tatiana Piñeros Laverde, quien se desempeñó como directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT) bajo la administración de Gustavo Petro.
Un fiscal de la Seccional Bogotá, con apoyo del Grupo de Tareas Especiales para el Covid - 19, imputó en el pasado mes de noviembre a la funcionaria los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.
Como alcaldesa encargada de Bosa, entre febrero y abril del presente año, Tatiana Piñeros Laverde decretó la urgencia manifiesta para hacer frente a la pandemia durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Bajo este amparo suscribió el contrato 022 de 2020, por valor de 4.000 millones de pesos, para adquirir mercados y elementos de aseo para familias vulnerables de ese sector del suroccidente de la ciudad.
Según las pruebas recogidas por la Fiscalía “se evidenció ausencia de planeación y estudios previos de mercado, requisitos exigidos por la ley. Además de un supuesto direccionamiento del contrato y presuntos sobrecostos, entre otras inconsistencias. Por estos hechos el detrimento patrimonial ascendería a 304 millones de pesos”.
Montes buscado por Interpol
Pero quizás el caso más sonado de corrupción y que involucra a un exfuncionario de Petro, por ser uno de sus amigos y colaboradores más cercanos, es el que protagoniza el exsubdirector del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), Juan Carlos Montes. El mismo que aparece en un video entregándole fajos de billetes a Gustavo Petro, quien los guarda posteriormente en una bolsa.
Montes es investigado por una serie de irregularidades en un carrusel de contratos en parques públicos, que superaron los 96.000 millones de pesos y que no cumplieron con los requisitos legales de la contratación pública.
La Fiscalía solicitó el pasado 19 de noviembre a la Interpol la captura internacional de Juan Carlos Montes, luego de que se expidiera una orden de captura en su contra como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
