Natalia Bedoya, activista política del uribismo, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que le propone al Gobierno Nacional presentar ante el Congreso un proyecto de ley que tenga como fin aumentar las penas de prisión para quienes sean condenados por bloquear las vías en el país.
Según dijo, es necesario crear una “Ley anti-bloqueos” para que “se acabe la permisividad” y así “los vándalos vayan a la cárcel por afectar la movilidad de los colombianos”.
“Quiero proponer al Gobierno Nacional que mediante un proyecto de ley se modifique el artículo 353A del Código Penal, aumentando la pena de prisión para quienes bloqueen el país. Necesitamos que estos vándalos estén tras las rejas. Cárcel al vandalismo”, señaló.
Actualmente, el artículo 353A del Código Penal dice lo siguiente:
“El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”.
Tras la publicación del video de Natalia Bedoya, varios abogados y abogadas la han cuestionado por “hacer propuestas que son inútiles” y que “solo promueven el populismo punitivo”, pues, según ellos, el aumento de penas no servirá para solucionar esta problemática que afecta al país.
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A propósito, el abogado Rubén Acosta le dijo a KienyKe.com que este tipo de leyes anti-bloqueos han sido una de las últimas tendencias legislativas promovidas en Latinoamérica para criminalizar la protesta social y evitar que los “paros” causen efectos en la movilidad y economía de los lugares afectados.
Según dijo, países como Chile, México y Venezuela ya cuentan con antecedentes al respecto.
“La propuesta promovida por el Ministerio de Defensa cuya vocería asumió la influencer no deja de ser una burda interpretación del artículo 353A del Código Penal pretendiendo incluir como sujetos activos a quienes ejercen un derecho de protección constitucional al no marchar por los andenes, en calles de barrio o veredas que no incomoden a nadie, buscando que se les encarcele”, indicó.
Acosta señaló que la propuesta de aumentar las penas a quienes bloqueen las vías del país, “además de ser incoherente”, busca agravar la conflictividad social en vez de solucionarla mediante el diálogo y atendiendo las necesidades básicas.
“No podemos acudir siempre al derecho penal para pretender solucionar problemas sociales. Este tipo de iniciativas se acumulan a un amplio catálogo punitivista que busca todo tipo de prebendas populistas sin que solucionen absolutamente nada, con una característica especial y es que en este caso quienes pretenden promoverla carecen de una enorme legitimidad que difícilmente encuentra respaldo”, finalizó.
Otros, por su parte, han apoyado la propuesta de Natalia Bedoya con el argumento de que se debe imponer una sanción ejemplar a quienes afecten la movilidad de los ciudadanos en el país.
