Luis Gustavo Moreno radicó una acción de tutela para no ser recluido en una cárcel común luego de ser deportado el pasado 4 de diciembre desde Estados Unidos. El exfiscal anticorrupción condenado por corrupto busca purgar su sentencia en una guarnición militar, específicamente, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá.
La definición del sitio en el que el exfuncionario deberá estar privado de la libertad tras su llegada a Colombia se ha convertido en todo un lío, pues el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, se negó a que el Cespo fuera el sitio de reclusión porque “es un instituto educativo de la Policía”.
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Han pasado varios días y Luis Gustavo Moreno todavía se encuentra en el búnker de la Fiscalía General mientras se define el centro penal en el que pagará sus cuentas pendientes. En la tutela, el exfiscal anticorrupción alegó que su vida podría estar en riesgo en una cárcel común y, por esa razón, pidió la protección de sus derechos al debido proceso, administración de justicia, integridad personal y la vida.
La condena ratificada
Luis Gustavo Moreno pagó en Estados Unidos una pena de 48 meses de prisión por delitos de lavado de activos.
Fue capturado el 27 de junio de 2017 y extraditado el 17 de mayo de 2018 debido a que en territorio estadounidense le pidió al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, una suma de 100 millones de pesos para que le entregara información reservada sobre un proceso que cursaba en su contra.
El exfiscal anticorrupción fue deportado a Colombia el pasado 4 de diciembre para que responda por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
El pasado 1 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió una impugnación especial propuesta por su defensa y ratificó su sentencia de cuatro años y diez meses de prisión por su participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’.
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Moreno aceptó su responsabilidad en el entramado de corrupción que se destapó en 2017 dentro del alto tribunal de justicia, donde magistrados exigían pagos millonarios de dinero a cambio de modificar decisiones judiciales en favor de investigados.
En el proceso se logró demostrar que Luis Gustavo Moreno, abusando de su condición como director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, exigió dinero a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, a cambio de entorpecer las actuaciones judiciales que se adelantaban en su contra por actos irregulares en su administración.
La ratificación de la condena la hizo una sala compuesta por tres magistrados de la Sala Penal del alto tribunal de justicia que no participaron en la sentencia que le fue impuesta inicialmente.
