Unos soldados del Ejército que se presentaron como testigos en el juicio disciplinario que se adelanta por la violación de la niña indígena perteneciente a la comunidad embera chamí del departamento de Risaralda aceptaron haber dicho mentiras en su declaración ante la Fiscalía General.
Los uniformados, que no participaron en los hechos pero que pertenecen a la misma unidad militar de los siete soldados señalados de la violación ocurrida entre el 21 y 22 de junio de este año, afirmaron que le mintieron al ente investigador en medio del proceso penal cumpliendo las “órdenes y presiones de un superior”.
Según dijeron, un hombre identificado como el “sargento viceprimero Díaz” les ordenó ocultar el lugar en el que estuvieron cuando ocurrió el acto en contra de la menor de 13 años de edad, quien salió de su casa hacia el mercado local y al siguiente día fue hallada llorando cerca al corregimiento de Santa Cecilia, en Puerto Rico, Risaralda.
Ante la Fiscalía, mencionaron que estaban alrededor de un colegio ubicado por las afueras de ese corregimiento y que “se movían todos los días”, cuando la verdad es que estaban instalados allí a pesar de que estaba prohibido.
“Nos dijo que no dijéramos lo que había pasado, que no dijéramos que estábamos en un colegio. Nos decía que nos podíamos ‘embalar’ nosotros si decíamos que estábamos en un colegio”, testificó ante la Procuraduría uno de los uniformados.
Otro de los soldados declaró que los superiores “los formaron y les dijeron exactamente qué decir”, pues si no se “podían meter en problemas”.
¿Cómo va el caso?
Juan Camilo Morales, Yair Stiven González, José Luis Holguín, Juan David Guaidi, Oscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fernando Mangareth son los siete soldados del Ejército Nacional que aceptaron su responsabilidad en la violación de la niña indígena perteneciente a la comunidad embera chamí.
Los siete hombres fueron trasladados el pasado 25 de junio a la ciudad de Pereira para darle paso al proceso de judicialización. Ante un juez de control de garantías, fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.
Dicha formulación de imputación generó una gran polémica, pues varios expertos aseguraron que la Fiscalía calificó mal el delito contra los siete soldados porque debieron ser procesados por el delito de acceso carnal violento, teniendo en cuenta las pruebas y los testimonios aportados en este caso.
Días después, la Fiscalía anunció que haría una revisión para cambiar la tipificación del delito. Todos los uniformados aceptaron los cargos endilgados y, desde ese día, fueron enviados a una guarnición militar mientras se resuelve el proceso que cursa en su contra por estos hechos que generaron indignación nacional.