El general (r) Mario Montoya enfrentará una imputación de cargos por parte de la Fiscalía General por su supuesta responsabilidad en el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, mal llamadas como 'falsos positivos'.
Así lo anunció el fiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró que la próxima semana se pedirá una audiencia de formulación de imputación en contra del comandante del Ejército Nacional durante el segundo gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.
Según dijo el jefe de la Fiscalía, Mario Montoya enfrentará cargos por la supuesta comisión del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 falsos positivos, dentro de los cuales se encuentran cinco menores de edad.
El general retirado será imputado como determinador de estos crímenes, que se habrían cometido entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.
El fiscal general Francisco Barbosa señaló que Mario Montoya desconoció la directiva 300-28 de noviembre de 2007 y que, por el contrario, avanzó en la política contraría que privilegiaba las muertes en combate y no las capturas y desmovilizaciones como se había pedido por parte del Comando General de las Fuerzas Militares.
"En este caso se desconoció esta directiva y se privilegiaron las muertes en combate. Todas las víctimas fueron presentadas como resultado operacional y al mismo tiempo todos los autores reconocieron que lo hicieron porque estaban recibiendo premios e incentivos en el marco de un ranking que se discutía permanentemente en brigadas, batallones y divisiones", dijo Barbosa en una entrevista concedida a Vicky Dávila en Semana.
Barbosa también señaló que no solamente se adelantará esta imputación contra Mario Montoya, sino que también se formulará cargos en contra de otros miembros del Ejército e integrantes de las Farc.
Investigación sobre falsos positivos en la JEP
Cabe resaltar que, sobre el fenómeno de los falsos positivos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya anunció sus dos primeras imputaciones.
La primera fue anunciada el pasado 6 de julio en contra de diez militares y un civil que habrían tenido participación en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, las cuales fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar.
La segunda fue informada el pasado 15 de julio en contra de 15 miembros del Ejército Nacional que hicieron parte del Batallón La Popa, ubicado en la ciudad de Valledupar (Cesar).
Entre los que fueron llamados a responder está Hernán Mejía, quien estuvo al frente de ese batallón para la fecha que ocurrieron los hechos: 2002 y 2003.
