La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que la autoridad competente para investigar disciplinariamente al senador Eduardo Pulgar por el supuesto intento de soborno a un juez para beneficiar a un tercero es la Procuraduría General.
Así lo decidió tras resolver un conflicto de competencias que se suscitó entre el organismo de control y la Comisión de Ética del Senado de la República.
El alto tribunal explicó que luego de que el Ministerio Público abriera la indagación preliminar contra el senador, la ya referida instancia del legislativo, encargada de la vigilancia ética en el actuar de los congresistas, había recibido una queja en la que se expusieron las mismas presuntas irregularidades contenidas.
Por esta razón, el apoderado de Eduardo Pulgar planteó la colisión positiva de competencias entre la Procuraduría General y la Comisión de Ética del Senado.
Luego de que las dos entidades consideraran que eran competentes para continuar la actuación en contra del parlamentario, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que esta decidiera cuál de los dos organismos tenía la autoridad para adelantar el proceso disciplinario.
Las razones
Para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la Procuraduría General la entidad competente para asumir la investigación disciplinaria contra el senador por varias razones.
En primer lugar, indicó que "la conducta a investigar no corresponde a una presunta falta originada en la función congresional". Según la providencia, un acto como el supuesto ofrecimiento de dinero a cambio de obtener una decisión judicial en determinado sentido no hace parte de las funciones de un congresista y, por el contrario, se trata de un probable hecho de corrupción.
En segundo lugar, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido la competencia de la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los servidores públicos de elección popular, especialmente, cuando se trata de conductas corruptas.
"Lo anterior, a partir de una interpretación sistemática del artículo 277 de la Constitución Política con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción", dijo el alto tribunal.
Capturado
El senador Eduardo Pulgar fue capturado en la mañana del martes 1 de diciembre por orden de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación por el supuesto ofrecimiento de 200 millones de pesos a un juez del municipio de Usiacurí (Atlántico) para beneficiar a un tercero.
El congresista fue detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por la presunta comisión de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y posible corrupción electoral. Estos procesos están en manos de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.
La defensa de Eduardo Pulgar, liderada por el reconocido abogado Jaime Granados, mencionó que la medida de aseguramiento que le fue impuesta al senador es ilegal porque "no cumple con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico" colombiano.
Granados señaló que está en desacuerdo con la decisión que tomó el alto tribunal en contra de su cliente. Sin embargo, indicó que no presentará ningún recurso de reposición porque considera que "no es un recurso efectivo para defender las garantías de su representado".
Según dijo, solicitará que la Sala Especial de Juzgamiento efectúe un control de legalidad de la detención del congresista porque estima que la medida que se le impuso fue ilegal.
Además, pidió que se valore su delicado estado de salud, el cual "lo hace propenso a múltiples y graves enfermedades", y que se le permita someterse a la medida de aseguramiento en un lugar que "no ponga en peligro su vida".
