La Fiscalía General de Honduras solicitó el pasado martes 3 agosto la máxima pena para David Castillo, condenado por el asesinato de Berta Cáceres, ambientalista hondureña y líder de la comunidad Lenca.
El Poder Judicial de Honduras informó a través de Twitter que mientras el ente acusador y acusaciones privadas solicitan 25 años de cárcel, la defensa de Castillo Mejía pide 20 años.
Los jueces no dieron una fecha para la lectura de la sentencia tras argumentar que el juicio fue complejo.
Según la agencia AP, dado que hubo muchos medios de prueba y tesis que los jueces deben abordar para definir el dictamen, éste no estaría listo en el plazo de cinco días establecido por ley.
A inicios de julio pasado, la justicia hondureña declaró culpable a Castillo como coautor del asesinato de Berta Cáceres, quien se opuso a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, un lugar sagrado de las comunidades nativas.
Castillo se desempeñó como presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), la cual ejecutó un proyecto hidroeléctrico al que Cáceres se oponía.
El fallo en contra de Roberto David Castillo ocurrió 45 días después de iniciada la audiencia en la que el Ministerio Público y la familia de Cáceres presentaron decenas de pruebas que vinculaban a Castillo como autor intelectual del crimen.
La defensa del territorio le costó la vida a Berta Cáceres
Una mujer altamente reconocida por su lucha como activista de medio ambiente. Como indígena Lenca de Honduras, desde niña vio la lucha de su pueblo porque se respetara el territorio. Su madre, que era partera y llegó a ser alcaldesa de la comunidad, encabezó varias luchas desde que Berta era una niña.
Berta Cáceres trabajó por más de 20 años en la defensa del territorio y los derechos de su pueblo. En el año 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (Copinh).
Desde la organización, Berta desarrolló varias campañas contra los megaproyectos que amenazaban el territorio y las comunidades que lo habitaban. Durante su lucha por los derechos ambientales, se enfrentó con madereros ilegales, diferentes compañías y multinacionales, casi siempre logró garantizar la defensa de los recursos y el territorio.
Por su entrega a la defensa de los derechos, la activista recibió numerosas amenazas. Además en varias ocasiones tuvo que enfrentar procesos con la justicia debido a falsos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego, usurpación de tierras y coacción.
Además, la acusaron de provocar la pérdida de más de tres millones de dólares en daño y perjuicios a Desa, la hidroeléctrica que habría ordenado el asesinato de la activista unos años mas adelante.
El 3 de marzo de 2016, tras muchos años de recibir amenazas por su labor de defensa del territorio, varios hombres llegaron hasta la vivienda de Berta y la asesinaron. Dos años mas tarde, en noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el homicidio.
El Tribunal estableció que los hombres que asesinaron a Berta habrían sido contratados por integrantes de la hidroeléctrica Desa.
Con información de Agencia Anadolu.
