
Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más conocidos de Colombia, está en el centro de la polémica tras recibir una sanción millonaria de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad le impuso una multa de $813.002.240 a su empresa, Grupo Cossio S.A.S., por prácticas de publicidad engañosa relacionadas con el curso digital “Método Cossio”.
Según la SIC, este curso prometía a los participantes resultados financieros rápidos, como la posibilidad de recuperar la inversión inicial y generar ingresos sustanciales tras la publicación de un solo video. Además, frases como "¿Qué van a pensar ustedes ya en cinco meses? Cuando todos los que compraron el curso estén llenos de seguidores, en plata..." fueron vistas como afirmaciones que inducían a error a los consumidores, sin sustento verificable.
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La resolución 20777 del 15 de abril de 2025 concluyó que dichas afirmaciones no solo carecían de base real, sino que también violaban los derechos de los consumidores, vulnerando el Estatuto del Consumidor. En este sentido, la SIC destacó la responsabilidad de los influenciadores, cuya credibilidad y alcance pueden influir de manera significativa en las decisiones de compra de sus seguidores, y por ende, deben ser responsables con lo que promocionan.
¿Qué pasará con Yeferson Cossio?
Este caso representa un hito en la regulación de la publicidad digital en Colombia, particularmente en lo que respecta a los influenciadores. Dada su capacidad de llegar a audiencias masivas y generar confianza entre sus seguidores, las figuras públicas que promocionan productos o servicios tienen una responsabilidad creciente en el entorno digital.
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La sanción impuesta a Yeferson Cossio por parte de la (SIC) resalta la importancia de cumplir con los principios de veracidad, claridad y respaldo en los mensajes publicitarios. La multa de más de 813 millones de pesos no solo implica una sanción económica importante para el creador de contenido, sino que también establece un precedente claro para otros influenciadores y empresas que operan en el ecosistema digital.
La SIC ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y su vigilancia sobre las prácticas publicitarias que circulan en entornos digitales. En ese sentido, esta decisión funciona como un llamado de atención a quienes promueven productos o servicios sin el debido respaldo o fundamento. Promesas exageradas, resultados garantizados sin pruebas y afirmaciones sin sustento son prácticas que podrían acarrear consecuencias legales y económicas.