El procurador Fernando Carrillo anunció la apertura de diez procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social y Económica decretada por el Gobierno para enfrentar el Covid-19.
Según dijo, las investigaciones van en contra de funcionarios de ocho departamentos que estarían cometiendo abusos a nivel de sobrecostos en medio de la grave crisis sanitaria.
Las anomalías que están bajo la lupa del Ministerio Público se registraron en el Meta, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca y San Andrés.
“Es una infamia que, además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en boletín de la corrupción. Eso hay que repararlo y habrá sanciones”, afirmó.
Carrillo señaló que, por ejemplo, se abrió un proceso en el Atlántico por presuntas irregularidades en un contrato firmado con Trading Group International S.A.S., que costó $19.319.479.750. Mencionó que en ese departamento también se investigan las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.
En el departamento del Cesar se le sigue la pista a los presuntos sobrecostos mayores al 50% en 29 contratos (que no están publicados en el SECOP) por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados. Según Carrillo, estos contratos, comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies, "habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”.
También indicó que en Arauca se trata de esclarecer el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.
Señaló que en San Andrés se investiga un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., el cual se firmó para la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño, impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus.
Para Carrillo, estos funcionarios “están utilizando los recursos de los más vulnerables, pobres y menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que los hallazgos penales serán trasladados a la Fiscalía. Además, advirtió que se suspenderá a los involucrados en estas “vagabunderías”, porque son personas que, a su juicio, "no tienen escrúpulos para con la plata de los más pobres".
