El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, pidió levantar la suspensión de términos puesto que muchos de los procesos penales están corriendo como si no estuvieran suspendidos y abogados defensores están aprovechando para solicitar la libertad de los acusados, según advirtió Barbosa.
La petición se da luego del caso de la familia Ambuila, procesada por lavado de activos, y el caso del exrector de la Uniautónoma, Ramses Vargas, procesado por corrupción.
"Frente al país hay que decir una cosa muy clara, o los términos se suspenden o no, pero no pueden estar suspendidos para unas actuaciones y para otras no", recalcó el fiscal Barbosa.
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De acuerdo con el jefe del ente acusador no hubo respeto a los señalamientos impartidos por el Consejo Superior de la Judicatura, referentes a casos en los que pueden seguir vigentes las decisiones y acciones judiciales; razón por la cual el fiscal considera que es una petición de suma importancia.
También señaló el fiscal que la norma de suspensión de términos en medio de la emergencia sanitaria no es seria, y no se acata de manera estricta.
"Aquí lo que estamos viendo es que en algunos casos, como estos casos emblemáticos, algunos jueces han cumplido y acatado esa suspensión de términos, otros simplemente han corrido los términos, incluso con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia", advirtió Barbosa.
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Añadió que se están otorgando libertades, pero las actuaciones de la Fiscalía no se reciben, como tampoco se está dando trámite a demandas de extinción de dominio cuyos casos están frenados y tampoco se están recibiendo escritos de acusación.
El procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, respaldó al fiscal Barbosa, pidiendo que se levante la suspensión de términos en los procesos judiciales por la forma como alguno sindicados y sus defensas se están aprovechando para quedar en libertad.
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“La Procuraduría hace eco a la propuesta del fiscal Francisco Barbosa, en el sentido de que es muy importante en este momento levantar cualquier suspensión y asegurar la continuidad en la prestación del servicio", afirmó Gómez.
"Creemos que los sistemas de salubridad de instituciones oficiales ya han tenido la reacción suficiente para que desde las instituciones públicas podamos participar de la continuidad del servicio público cuando se requiera”, dijo el funcionario.
