La Procuraduría General de la Nación denunciará ante la Fiscalía los hechos registrados en un video publicado en redes sociales sobre la entrevista que Fabio Zuleta le hizo a un indígena guajiro respecto a la venta de mujeres de la etnia wayúu.
El Ministerio Público también solicitará que se investigue lo que afirma el llamado 'palabrero' sobre la comercialización de "chinitas", como despectivamente se refieren a las mujeres wayúu, debido a que serían prácticas ancestrales en varias regiones de La Guajira como Uribia, Maicao, Cabo de la Vela, Media Luna y Riohacha.
Según el órgano de control, estas conductas pueden constituir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y doméstica, en el que terceros se ponen de acuerdo para captar, trasladar y acoger mujeres wayúu con el fin de entregarlas para fines sexuales y de servidumbre a cambio de dinero.
"Hechos como estos deben ser investigados y castigados penalmente, independientemente de que los involucrados en la comisión del delito sean hombres indígenas. Esto vulnera los derechos humanos de las mujeres, principalmente su dignidad, al ser tratadas como mercancía para la venta, atentando también contra su libertad e integridad sexual, su salud sexual y reproductiva, su autonomía personal y en general el derecho a una vida libre de violencias”, dijo el procurador Fernando Carrillo.
Carrillo aseguró que estas prácticas de compra y venta de seres humanos para la explotación sexual son una "aberrante forma de esclavitud moderna, aceptada y naturalizada".
Además, informó que solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificar si desde el Sistema Cardenal de Valledupar, dónde Zuleta Díaz tiene una concesión, se está brindando una correcta y adecuada prestación del servicio, con apego a la Constitución y a la ley.
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“El atroz hecho que presenta el video, donde se acuerda cobrar hasta 5 millones de pesos por una mujer indígena, exhibe solamente una parte de la realidad que viven muchas niñas, adolescentes y mujeres en el país, sobre quienes los hombres han tomado el control para vender y comprar sus cuerpos en un macabro juego de oferta y demanda, donde poco o nada importan los derechos, la integridad y dignidad de las mujeres”, manifestó.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades indígenas en La Guajira para implementar un trabajo con las comunidades de reconocimiento y respeto por los derechos humanos y dignidad de todas las personas, con el fin de que asuman que ninguna práctica cultural o costumbre de los pueblos étnicos puede estar por encima de la Constitución y la ley.
