Fernando Sanclemente, embajador de Colombia en Uruguay, será vinculado a la investigación penal que adelanta la Fiscalía por el hallazgo de un laboratorio de cocaína que operaba en una finca de su propiedad en Guasca (Cundinamarca).
El anuncio lo hizo el fiscal general Francisco Barbosa ante diferentes medios de comunicación. El funcionario indicó que la semana pasada ordenó la asignación especial a un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y que, en los próximos días, Sanclemente será citado para que responda ante las autoridades por estos hechos.
Barbosa resaltó que los laboratorios de coca no eran “sencillos y transitorios” y que, por el contrario, se trataba de una estructura “bien montada” con tres instalaciones que tenían la potencialidad de producir 1,8 toneladas de cocaína mensual.
“El día del allanamiento se hallaron 7 toneladas de insumos y 10 kilos de cocaína. El embajador tendrá que explicar cómo no se percató de tamaña operación”, mencionó al diario El Tiempo.
Sanclemente salió en su defensa
El embajador se mostró “sorprendido” tras el anuncio del fiscal Barbosa. En un comunicado aseguró que, si bien la finca es de propiedad de su familia, no conocía que allí se cometieran estos actos ilícitos y que él no los autorizó.
Sanclemente indicó que acudirá a toda instancia judicial para ejercer su derecho a la defensa y así demostrar su inocencia y la de sus parientes.
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“No he pedido privilegios ni tratos prevalentes y solo espero, como todo colombiano, un proceso eficaz, imparcial y objetivo que garantice el derecho fundamental al debido proceso y a una pronta y cumplida justicia”, manifestó.
¿Qué fue lo que se encontró en la finca?
En los allanamientos que se realizaron el pasado 12 de febrero se encontraron 6.896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína, 9.453 gramos de cocaína y pasta base de cocaína, las cuales se encuentran en cadena de custodia.
En el proceso fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y trabajar en los tres laboratorios. Los sujetos fueron enviados a Bogotá y, en las audiencias concentradas, una fiscal les formuló cargos por tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
A uno de ellos se le imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, debido a que fue detenido minutos después de lanzar a una zona boscosa un revólver calibre 38 con 12 proyectiles.
Los involucrados son: Cristian Aníbal Gómez Vanegas, Yefer Iván Castillo Gómez, John Jairo Morales Zambrano, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Castillo Perilla.
Un juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía y les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.
Según el ente investigador, estas tres construcciones tenían una capacidad de procesar una tonelada de estupefacientes al mes.
La investigación tuvo origen en un informe presentado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en el que se precisó que una organización delincuencial sería la responsable del envío periódico de toneladas de cocaína a Norteamérica.