Un verdadero drama viven las personas privadas de la libertad y sus familias por la llegada del Covid-19 a las cárceles del país. La situación ha puesto en alerta a los funcionarios penitenciarios que, además de verse expuestos a la enfermedad, también tienen que prevenir que el contagio crezca y desate una crisis sanitaria que sería difícil de contener por los altos grados de hacinamiento, falta de personal y pocas condiciones de salud.
A hoy, martes 21 de abril, más de 20 internos fueron confirmados para coronavirus: 14 en la cárcel de Villavicencio, dos en La Picota de Bogotá y uno en el penal Las Heliconias de Florencia, Caquetá. En total han muerto dos presos a causa del virus.
Por otro lado, las autoridades registraron que más de 30 auxiliares, dragoneantes y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia permanecen aislados tras dar positivo para Covid-19 y otros por ser sospechosos de tener la enfermedad.
A pesar de que el Ministerio de Justicia expidió la semana pasada el decreto de excarcelación, el cual concederá a por lo menos cuatro mil presos la detención preventiva y prisión domiciliaria transitoria, muchos creen que esta no es una medida suficiente y que la situación en las cárceles es “una bomba a punto de explotar”.
En diálogo con KienyKe.com, Freiman Pérez, uno de los líderes del sindicato del Inpec, indicó que, por ejemplo, desde que se confirmaron los dos casos de Covid-19 en La Picota, la situación de orden público ha estado “pesada” por la cantidad de presos que se han manifestado y provocado desórdenes.
“Desde que empezó la emergencia hemos tratado de acompañar a los internos pero ha sido un proceso difícil. Además, hemos perdido a muchos funcionarios, porque hay más de 20 que están aislados y otros a los que le hicieron tamizaje porque posiblemente están contagiados”, señaló.
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Pérez aseguró que algunos han dañado parte de las instalaciones y que otros, incluso, han amenazado con secuestrar a miembros de la guardia interna.
“Hay unos que están manipulando a los demás para obtener un beneficio y otros han protestado de forma pacífica. La mayoría están muy nerviosos con toda esta situación porque temen contagiarse y morir”, mencionó.
A su juicio, el anuncio del decreto “fue mal manejado” porque algunos internos creyeron que iban a quedar en libertad o podrían acceder a las medidas transitorias mientras se supera la crisis sanitaria.
“Este ha sido un gran problema porque las cárceles tienen muchas dificultades. Puede haber una tragedia humanitaria, el virus se va a expandir rapidísimo y será inmanejable”, afirmó.
La necesidad de prepararse
Darío León Rincón, docente universitario y magíster en psicología jurídica, advirtió que las autoridades deben estar preparadas e implementar protocolos para enfrentar la difícil situación que posiblemente se presentará en distintas cárceles por cuenta del cambio de comportamiento entre los privados de la libertad por el Covid-19.
Según dijo, los presos que saben que no podrán acceder a las medidas que establece el decreto de excarcelación y que están en centros penitenciarios en los que ya está presente el virus “empezarán a ejercer un tipo de presión para que se les dé un trato igualitario”, así como ya pasó en La Picota y en la cárcel de Villavicencio.
El experto señaló que también podría generarse un malestar entre los recursos que tendrán que ver cómo algunos sí podrán irse a sus casas de manera transitoria mientras que ellos no.
“Comenzarán a percibir una especie de discriminación cuando ven que uno sale y el otro no, y a veces puede que sea por desconocimiento de la norma. Se generarán brotes de inconformidad y molestia. Empezaremos a ver momentos de tensión. Es por eso que las autoridades tienen que actuar porque se puede poner en peligro la seguridad del establecimiento, de los funcionarios y de la ciudadanía que vive a los alrededores de las cárceles”, opinó.
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León Rincón insistió en que esta crisis sanitaria le puede generar a los privados de la libertad una especie de ansiedad y que, cuando hay sentimientos de este tipo, se pueden generar asonadas y levantamientos en los establecimientos de manera esporádica.
“El Inpec debe contar con planes de contingencia y reforzarlos. Seguramente la población que no se verá beneficiada seguirá protestando. Algunos pueden tener un impacto psicológico importante, que será una población difícil de atender. Otros, incluso sabiendo que no tienen posibilidad de salir, solamente querrán generar el caos. Hay que proteger a los funcionarios y a la comunidad”, manifestó.
