Un solo caso de coronavirus que entre a una de las cárceles del país podría desatar una crisis sanitaria que, quizás, sería casi imposible de contener por las diferentes falencias que sufre actualmente el sistema penitenciario y carcelario, entre ellas, el hacinamiento y las precarias condiciones de salud.
El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunciaron esta semana una serie de medidas para evitar que esta situación se presente en los centros de reclusión.
En primer lugar, se decretó la restricción de visitas de familiares y abogados, y se estableció la realización de una encuesta acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud para verificar las condiciones de quienes ingresen a los centros penales.
Se ordenaron procesos de limpieza periódicos, desinfección de los pabellones, disponibilidad de medicamentos y suministro de elementos de aseo como jabón y geles antibacteriales para el adecuado lavado y limpieza de manos.
Además, se coordinó el inicio de jornadas de búsqueda para identificar a aquellas personas con riesgos potenciales de contraer el virus y campañas pedagógicas con el fin de distribuir volantes informativos para el autocuidado de los internos y funcionarios penitenciarios.
Sin embargo, algunos expertos alegan que estos protocolos no son suficientes para prevenir el Covid-19 en las cárceles. Pamela Ruiz, abogada penalista, habló con KienyKe.com sobre las medidas que deberían acoger las autoridades para proteger la salud y la vida de los más de 129 mil hombres y mujeres privados de la libertad.
Ruiz señaló que en las prisiones hay muchas enfermedades por varias razones, entre ellas, porque el sistema de salud es insuficiente y el hacinamiento, que está en más del 50 %, hace que no se puedan cumplir con las condiciones de asepsia e higiene que se requieren.
“Los recursos que tiene asignado el Inpec para este tipo de situaciones, como la del coronavirus, no dan a basto. Su presupuesto es para el cupo real que debería tener, pero ellos tienen un sobrecupo gigante, tienen más personas de las que pueden soportar. Eso hace que haya una propagación de enfermedades preocupante”, indicó.
Urgen acciones contundentes
La abogada dijo que, en primer lugar, el Ministerio de Justicia debería, con la ayuda de la dirección nacional del Inpec, decretar un Estado de Emergencia Carcelario, el cual está establecido en el Artículo 168 del Código Penitenciario:
“Se podrá decretar el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria cuando sobrevengan graves situaciones de orden sanitario que expongan al contagio al personal del centro de reclusión o que sus condiciones higiénicas no permitan la convivencia en el lugar, o cuando acaezcan o se adviertan graves indicios de calamidad pública”, establece la ley.
Ruiz explicó que esta sería una de las medidas a tomar porque el coronavirus es una situación sanitaria que requiere de un tratamiento especial.
“Esto hace que el Inpec tenga que salirse de su cotidianidad para empezar a implementar otros protocolos que protejan a la población privada de la libertad”, mencionó.
Por otro lado, indicó que, para combatir el hacinamiento, los directores de los establecimientos carcelarios deberían lograr una cooperación con las autoridades judiciales para poner sobre la mesa alternativas de excarcelación, especialmente para los grupos vulnerables que están en prisión.
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“Por ejemplo, a las personas mayores que están privadas de la libertad se les debería mirar la posibilidad de que estén en domiciliaria. También a las mamás que tienen sus hijos dentro del establecimiento, porque ahí hay dos vidas que hay que cuidar, las de ellas y las de sus bebés. Este tipo de medidas permitirían que se liberen cupos y se salvaguardaría la vida y la salud de ese tipo de población”, aseguró.
Además, dijo que es necesario evaluar el excarcelamiento de internos que padecen de enfermedades crónicas y de los que ya tienen derechos a subrogados penales con el fin de evitar las conglomeraciones.
“Cualquiera que tenga una enfermedad de cuidado debería estar en domiciliaria para prevenirlo porque hace parte de las personas más vulnerables. Otro aspecto que podría ayudar a solventar el hacinamiento es resolver la situación de las personas que a la fecha cumplen con los requisitos de acceder a subrogados penales como la libertad condicional por el cumplimiento del 3/5 de la pena", indicó.
El agua y jabón no son suficientes
Para Ruiz también es importante que se refuercen las medidas de protección para los funcionarios penitenciarios porque, según dijo, estas se quedan cortas para evitar que ellos, que sí tienen contacto con el exterior, contagien a los internos.
“A ellos les han preguntado si en las últimas semanas han tenido gripa o tos, y les han enseñado cuidados básicos para el autocuidado. Pero estas son medidas precarias. De nada sirve decirle al privado de la libertad que no va a poder ver a su mamá si igual hay un dragoneante que lo puede contagiar”, afirmó.
Además, resaltó que no se puede dejar de lado a los detenidos en las Unidades de Reacciòn Inmediata (URI) porque “si en las cárceles no hay buenos protocolos para prevenir el coronavirus en estos centros la situación es peor”.
“Son celdas muy pequeñas con muchas personas. Son casi un cuarto. Ellos no tienen ninguna medida frente al coronavirus ni para alguna otra situación sanitaria importante”, insistió.
Por último, la abogada hizo un llamado a las autoridades para que implementen medidas efectivas que eviten el Covid-19 en los centros penales y protejan la salud de los privados de la libertad.
“La situación de ellos es muy olvidada, la gente no se preocupa por ellos y piensan que ‘deben pudrirse en la cárcel’ por haber cometido un delito. Pero en estos momento no los podemos olvidar, porque también hacen parte de nuestro país y, por más que hayan cometido un error, también son personas que merecen dignidad, respeto y atención”, finalizó.
Escrito por: Gabriela García Aguilar.
