Alejandro Ramírez Londoño, quien fue removido de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, aseguró que su salida de esa jurisdicción no se debió a ningún acto irregular porque desde que asumió el cargo actuó con “total transparencia, honradez y honorabilidad”.
Ramírez fue declarado “insubsistente” el pasado viernes 8 de mayo por parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debido a que, según argumentaron, se habrían identificado algunas anomalías en su gestión.
Tras estas declaraciones, el exdirector salió en su defensa y dijo que la verdadera razón de su salida es que se generaron algunas molestias por “su trabajo riguroso dentro de la Justicia Penal Militar”.
Manifestó que, aunque respeta la decisión del Ministerio de apartarlo del cargo, “no permitirá que su nombre sea manchado porque siempre actuó en el marco de la ley”.
“Acato la decisión del Ministro de separarme del cargo. Lo que no acepto bajo ninguna circunstancia es que se atribuya dicha decisión a irregularidades de ningún orden”, expresó.
Resaltó que, desde que aceptó el nombramiento en abril de 2019, adelantó una campaña basada en la lucha contra la corrupción, con la esperanza de recuperar la credibilidad de la institución y aportar seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.
Ramírez dijo que se encontró con varias dificultades, entre ellas, una jurisdicción con 59 vacantes entre 273 despachos, nueve de ellas de magistrados ante el Tribunal Superior Militar, “que inexplicablemente se mantienen hoy en día”. Igualmente, indicó que se enfrentó a un cúmulo de solicitudes de traslado represadas por más de cinco años sin ninguna respuesta por parte de los despachos.
“Faltan jueces penales militares para las zonas de mayor conflicto de orden público del país. El 70% de los funcionarios trasladados estuvieron conformes con esta decisión, el restante 30% deben salir de su zona de confort”, resaltó.
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Además, señaló que, con transparencia, accionó a los entes de control para que investigaran la responsabilidad de los titulares de despachos judiciales, “los cuales tenían graves procesos por peculado contra altos miembros de la Fuerza Pública”.
“Proyectamos las Unidades de Instrucción Especial por los delitos de peculado, así como el grave caso de los salvoconductos ante al comandante general de las Fuerzas Militares, autorización requerida que hasta hoy no se ha podido lograr para iniciar dichas investigaciones”, contó.
Por último, agregó que una de las acciones que habrían generado molestias fue la certificación ante la Comisión II del Cámara de la existencia de un proceso por peculado en contra del comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, investigación que está en curso actualmente y de la que se abstuvo a revelar más detalles para “respetar el proceso”.
