Una polémica se generó por el contrato que reveló La FM entre el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Este magistrado estuvo al frente del caso de Álvaro Uribe Vélez en la Corte.
El contrato celebrado en el años 2016 es por prestación de servicios y está suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz y Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores LTDA de la cual Reyes era el subgerente y quien aparece como representante legal de esa firma.
El valor acordado del contrato fue de $574.674.360 con tres pagos parciales de 172 millones, 230 millones y 172 millones.
El objeto era recolectar información pertinente de cada una de las personas que aparecen en la lista de las FARC-EP, a efectos de determinar y/o verificar la identificación y/o individualización del interno, incluyendo el frente o columna a que pertenece.
También se lee como tarea "realizar visitas a establecimientos carcelarios y juzgados a efectos de la recolección".
Así mismo, debían elaborar una ficha digital de caracterización de cada interno, que registre toda la información recolectada, cruzada y analizada. Entregar los archivos digitalizados de documentos consultados (sentencias, escritos de acusación y demás documentos consultados). También entregar la aplicación digital en HTML, que permita consultar, organizar, administrar y procesar la información, depurada de todas las fichas de caracterización de cada interno que pertenecía a las Farc.
La firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores define así este contrato que duró aproximadamente cinco meses: "Fue un contrato público con el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República de Colombia, realizando la caracterización socio-jurídica de todos los miembros del grupo guerrillero FARC-EP privados de la libertad, contribuyendo así con la actualización, revisión y fijación de la información base para el cumplimiento de los acuerdos de paz de la Habana, en materia de beneficios legales de amnistía e indulto".
Así mismo explicaron que se "construyó y entregó un software (SiPaz) para el registro y administración de la información obtenida de la ficha de caracterización de internos de las FARC-EP, con el cual se logró también el control, la organización y la generación de informes estadísticos útiles para el proceso de desmovilización y dejación de armas FARC-EP".
Conozca aquí el contrato entre César Reyes y el gobierno Santos
"No sé qué pensar": Uribe reaccionó al contrato
Luego de que se conociera a través de varios medios de comunicación este contrato que involucra al magistrado Reyes bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el expresidente Álvaro Uribe, que premanece en detención domiciliaria luego de que la Corte Suprema lo ordenara, escribió un trino.
"Del contrato directo del Magistrado Reyes con Santos no se qué pensar, menos qué escribir", expresó el exmandatario.
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Pero también el partido Centro Democrático se pronunció sobre este contrato asegurando que hay un "sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia".
Para el partido liderado por Uribe, "este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte".
