La Procuraduría General de la Nación solicitó a los ministros de Justicia y de Salud la adopción de un protocolo que incluya medidas de vigilancia y control para las personas privadas de la libertad que reciban la detención domiciliaria por causa de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, y a quienes recobren libertad por pena cumplida.
En comunicación a los jefes de esas carteras, Margarita Cabello y Fernando Ruiz, el Ministerio Público advirtió que “la situación de salud de la población privada de la libertad, no debe entenderse como un asunto de política criminal, sino como un tema de salud pública, que de no controlarse adecuadamente puede representar efectos negativos considerables para el sistema de salud del país”.
Precisó que teniendo en cuenta que en la actualidad seis establecimientos de la red penitenciaria del país presentan casos confirmados de Covid-19, se requiere, como parte del protocolo, identificar el estado de salud de las personas que serán objeto de la medida de excarcelación.
El protocolo será especialmente para las personas privadas de la libertad que arrojaron positivo para coronavirus Covid-19. La Procuraduría además solicitó garantizar un seguimiento médico-sanitario periódico.
Otra de las peticiones es que se definan previamente los lugares donde cumplirán el aislamiento obligatorio, sin importar si son o no positivos para Covid-19, y que los mecanismos de seguimiento y monitoreo se cumplan estrictamente, además que se garantice el uso de elementos de protección personal y aislamiento social.
Finalmente, exhortó a que se contemplen medidas ante eventuales incumplimientos de las medidas de aislamiento, teniendo en cuenta el riesgo que representa para la salud pública, la salida de una persona positiva para Covid-19 y el eventual contacto que esta pueda generar, en el nuevo ámbito social al que se vaya a integrar.
