El presidente Iván Duque, expidió en la madrugada del 29 de mayo el decreto 575 de 2021, con el cual ordena la asistencia militar para ocho departamentos y 13 ciudades del país, con el fin de recuperar el control del orden público. El documento ha generado múltiples reacciones por su alcance.
"El presidente de la República de Colombia [...] decreta: Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones", se lee en el documento expedido por el Gobierno.
Los departamentos que tendrán a partir de este sábado asistencia militar son Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda. Por su parte, las ciudades que entraron en el decreto son Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
El decreto también ordena a los alcaldes y gobernadores de dichos lugares “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos [y] adoptar las medidas, e implementar los planes y acciones necesarias para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones, entre ellas, fortalecer los controles de seguridad en las vías y las caravanas”.
Duque anunció desde Cali que empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. "Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento asegurando una asistencia en puntos neurálgicos”.
Este documento fue firmado por Duque luego de que varias ciudades vivieran una jornada violenta durante las manifestaciones para conmemorar el primer mes del paro nacional. Al menos diez personas fallecieron en Cali, incluyendo un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, “quien de acuerdo con la información recopilada hasta este momento, disparó a varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, indicó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa.
Es claro que se requieren medidas para restablecer el orden en el país, no obstante, parece ser que el decreto 575 no cayó bien al no incluir invitaciones al diálogo o a evitar el abuso policial en medio de las protestas.
"El decreto firmado anoche por el Pdte. Iván Duque contiene un peligroso vacío. Las órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los DDHH. Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables", expresó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
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Así mismo, diferentes líderes políticos del país cuestionaron el alcance del decreto expedido, algunos lo compararon con un Estado de Conmoción Interior, estado de excepción que ha solicitado ampliamente el Centro Democrático y que, por ahora, el Gobierno no declara.
Ante la avalancha de comentarios, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo Presidencia de la Republica expresó: "El Decreto 575 emitido por el gobierno del presidente Iván Duque acata y cumple la constitución política, la ley y los tratados internacionales, siempre prevalece la protección de los derechos humanos".
El abogado Juan Castilla aclaró que el decreto no es una declaración de Conmoción Interior como tal. Primero, porque no está firmado por todos sus ministros -como lo establece el artículo 213 de la Constitución-, y segundo, porque no hace referencia a que ese trate de ese estado de excepción.
"El sentido de este decreto no es otro que la aplicación de una norma prevista en el artículo 170 del Código Nacional de Policía que es la asistencia militar, que consiste en que ante una amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad las fuerzas militares puedan apoyar los operativos de la Policía Nacional",
Agregó que "Esto resulta problemático en el contexto en el que nos encontramos en Colombia, el cual es de protesta social. A la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional específicamente la sentencia C-281 de 2017 a las fuerzas militares les está prohibido contener o controlar la movilización social, únicamente -decía la Corte- le es permitido a la fuerza militar garantizar el ejercicio de la protesta removiendo los obstáculos que pudiese tener la movilización.
Castilla señaló que el decreto emitido es una clara aplicación de una norma profundamente centralista de la Constitución Política que es el numeral 2 del artículo 315, en donde se establece que los alcaldes están subordinados a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República en materia de orden público.
