Más de 130 personas entre ellos periodistas, exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas fueron víctimas de interceptaciones ilegales realizadas entre febrero y diciembre de 2019 por parte del Ejército en Colombia.
La revista Semana destapó la olla podrida que había en la Inteligencia del Ejército y este fin de semana publicó una verdadera “bomba” al revelar los nombres de destacados corresponsales extranjeros, encabezado por el corresponsal en Colombia del New York Times Nick Casey, y reconocidos periodistas colombianos a quienes estaban siguiendo.
A través de sofisticadas herramientas de inteligencia informática y software recolectaron todos los datos posibles de distintas personas reconocidas en el país y Estados Unidos.
“SEMANA tiene en su poder decenas de estos documentos, y durante semanas entrevistó a más de diez fuentes, muchas de las cuales participaron en esta operación que incluyó al menos a 130 personas, entre periodistas, exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros”, asegura ese medio respecto a su investigación.
Estos perfiles fueron elaborados por algunos batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi).
De acuerdo a la revista, una de las primeras víctimas de esta persecución fue el periodista estadounidense Nick Casey, corresponsal del reconocido diario The New York Times, quien publicó un artículo en el que señaló la posibilidad de que en Colombia altos mandos militares estarían ordenando cumplir una cuota de bajas.
Hecho que conmocionó al país porque sería el regreso de las ejecuciones extrajudiciales o los llamados falsos positivos.
Por esa razón, el Gobierno Nacional envió representantes para reunirse con el Consejo editorial de ese medio para discutir los hechos publicados en ese momento.
“Mientras exponían sus argumentos ante los jefes de Casey, en Colombia los militares monitoreaban los pasos de ese periodista en el país en una carpeta donde tenían sus contactos, algunas fuentes y las personas con las que se relacionaba, e incluso aparecen sus propios editores de Nueva York”, afirma Semana.
Asimismo, aparece en los documentos nombres de periodistas como John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR); Juan Forero, periodista para The Wall Street Journal; y la fotoperiodista Lynsey Addario.
Entre los periodistas colombianos aparece la analista de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar; un periodista de Blu Radio que no quiso revelar su identidad; reporteros que hacen parte de Rutas del Conflicto; miembros de La Liga Contra el Silencio; Yolanda Ruiz, directora de noticias RCN Radio; el director de noticias Univisión Daniel Coronell, entre otros.
¿Qué políticos fueron interceptados?
De acuerdo a Semana, los senadores de oposición Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino aparecen en los perfiles. Así como Pedro Soto, militar retirado y excandidato al Concejo de Barranquilla por el partido Centro Democrático.
También aparece el perfil de Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa y secretario general de la Presidencia de Iván Duque.
“Todo lo que se hizo y lo que pasó con esos trabajos especiales fue de conocimiento de los mandos. Pero cuando esta olla se acabe de destapar pagarán los más pendejos, como siempre”, afirmó uno de los militares entrevistados por una comisión especial del Comando de las Fuerzas Militares designada para investigar el caso.
A pocas horas de que se compartiera esta información, el ministro Carlos Holmes Trujillo anunció el retiro de 11 oficiales y un General por irregularidades en inteligencia militar.
El Comando General de las Fuerzas Militares tiene aperturada una investigación disciplinaria y a su vez delegó a la Inspección General de las Fuerzas Militares para adelantar una verificación de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia.
Además, el ministro de Defensa aseguró que el auto de apertura de esta misma investigación, se dispuso a la Procuraduría General de la Nación, mediante oficio del 13 de enero de 2020.
También se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se adelante la respectiva investigación penal, según Holmes Trujillo.
