El Gobierno de Colombia pidió este martes a la Registraduría suspender la audiencia en la que se iba a adjudicar el proceso para la organización electoral, tras alertar que no hay un "acceso plural" y que se facilita que termine en manos de un mismo contratista, la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de fabricar los pasaportes en el país.
El secretario de Transparencia de la Presidencia colombiana, Andrés Idárraga, aseguró que hay varias irregularidades en el proceso de adjudicación, que se hace por un valor de 41.000 millones de pesos (9,7 millones de dólares / 8,8 millones de euros).
Por ejemplo, señala que la experiencia requerida para los postulantes "podría cerrar las condiciones de acceso" a varias empresas, pues se exige "experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años", y en el caso de Colombia eso "estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría".
"Y aunque se abre a oferentes extranjeros, verían limitado su acceso, por la exigencia de alistamiento (empaque, certificación, logística, transporte, custodia y distribución en Colombia a todos los municipios del país en que se llevarán a cabo los eventos electorales objeto del contrato a celebrar)", apuntó el secretario.
Estas condiciones limitarían la participación a contratistas que ya hayan tenido un contrato con entidades, entre los que está Thomas Greg & Sons, que ya está enzarzado en una confrontación con el Gobierno por un problema similar con la adjudicación de los pasaportes.
"La toma de Thomas and Gregg de los procesos electorales es el mayor peligro de la democracia colombiana", alertó el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Esta empresa lleva años dedicada a la fabricación de los pasaportes en el país, pero la Cancillería decidió el año pasado cancelar el proceso de adjudicación de la fabricación de este documento, precisamente porque pensaba que las condiciones facilitaban que solo Thomas Greg & Sons pudiera presentarse.
La Cancillería, siguiendo los reclamos de otras empresas interesadas en la licitación, consideró que no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 28 millones de dólares de hoy).
Esta licitación causó la suspensión provisional del excanciller Álvaro Leyva -que luego fue definitiva con el nombramiento de Luis Gilberto Murillo-, por parte de la Procuraduría, por las posibles irregularidades en el proceso de licitación de los pasaportes.
La idea que maneja el Gobierno es que la Imprenta Nacional, que hace parte del Ministerio del Interior, se dedique a producir estos documentos, como ya lo está haciendo con las cédulas de extranjería, pero al no contar aún con la experiencia, recibirá un acompañamiento de Portugal para adaptarse.
