La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que abrió una nueva fase de investigación por las ejecuciones conocidas como "falsos positivos" en la que citará a altos mandos de las Fuerzas Armadas y exmiembros del Gobierno que tuvieron acceso a información sobre estos crímenes.
Así lo informó la jurisdicción en una rueda de prensa en la que alertó de que la también podrá convocar "en calidad de testigos a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno Nacional y que hubieran podido tener acceso a información sobre la comisión de los crímenes y sobre las medidas institucionales tomadas para prevenirlos".
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Los mal llamados "falsos positivos" fueron ejecuciones de civiles por parte de miembros del Ejército que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios.
Con la nueva fase, la JEP determinará si se cuenta con bases suficientes para una eventual atribución de responsabilidades contra agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, es decir, "personas que hayan participado de manera determinante en una política de alcance nacional".
Con esta nueva metodología la Sala de Reconocimiento de la JEP buscará establecer las presuntas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, de agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública y de civiles por los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el marco del Caso 03.
Hasta el momento, la JEP se ha concentrado en esclarecer los hechos del Caso 03 en los territorios priorizados y ha imputado a 59 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes.
La investigación del tribunal especial seguirá trabajando en los seis subcasos priorizados: Norte de Santander, Antioquia, costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, así como el subcaso conjunto del cementerio de Las Mercedes de Dabeiba.
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No obstante, la JEP si priorizará la participación de víctimas en otras regiones, con encuentros y mesas de trabajo en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre.
La decisión anunciada este lunes se da después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes que fueron ejecutados por organizaciones criminales enquistadas en las unidades militares territoriales.
Por eso, la JEP tratará de determinar si los miembros de la fuerza pública tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes, si participaron de manera directa o indirecta en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y si actuaron o no con la debida diligencia para detener los crímenes.
Según la JEP, al menos 6.402 jóvenes inocentes fueron engañados con promesas de falsos trabajos para llevarlos a diferentes lugares de Colombia donde fueron ejecutados por miembros del Ejército con el fin de mejorar las estadísticas de lucha contra la guerrilla y recibir recompensas a cambio.
