La prestigiosa revista británica The Economist ha encendido nuevamente el debate internacional sobre la gestión ambiental del presidente Gustavo Petro. En un análisis contundente publicado esta semana, el medio con sede en Londres cuestiona la coherencia entre el discurso ambientalista del mandatario colombiano y sus decisiones más recientes en materia energética. El título del artículo es directo y punzante: "Las promesas verdes del presidente de Colombia suenan cada vez más vacías".
Petro, quien desde su llegada al poder ha impulsado una ambiciosa transición energética basada en la descarbonización y la justicia ambiental, enfrenta ahora críticas por lo que expertos califican como decisiones contradictorias. Una de las más polémicas ha sido la determinación de importar gas natural desde Catar, una medida que ha sorprendido tanto por su impacto ambiental como por el mensaje contradictorio que envía a la comunidad internacional.
El gas de Catar: ¿una solución o un retroceso?
Según The Economist, la orden de importar gas desde un país tan lejano como Catar no solo implica un aumento en la huella de carbono debido al transporte, licuefacción y regasificación del gas natural, sino que también pone en entredicho la lógica de suspender la explotación local de este recurso. Petro ha reiterado que Colombia cuenta con reservas suficientes de gas, lo que hace aún más desconcertante esta decisión.
“El mes pasado, Petro reveló triunfalmente su próxima fuente: Catar”, señala el medio británico, recordando que esta movida llega después del fracaso de los planes para importar gas desde Venezuela. La contradicción es evidente: mientras se frenan proyectos nacionales por razones ambientales, se permite el ingreso de gas importado con mayor impacto ecológico.
El choque entre discurso y realidad
Uno de los puntos más destacados del artículo es la creciente desconexión entre la narrativa del Gobierno colombiano y sus acciones. Aunque Petro ha sido elogiado por figuras como el académico sueco Andreas Malm por su enfoque ambiental, decisiones como la suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera y la prohibición del fracking no se alinean del todo con las necesidades energéticas inmediatas del país.
The Economist también señala que mientras se cierran las puertas a la producción nacional de gas, se mantienen licencias activas para la explotación de otros combustibles fósiles de mayor grado contaminante. Esta aparente contradicción ha generado dudas en sectores económicos y ambientales que temen que las decisiones del Ejecutivo no solo afecten la seguridad energética del país, sino que también resulten en un aumento del costo de vida para los colombianos.
Riesgos económicos y ambientales
Más allá del impacto climático, la estrategia de importar gas puede tener consecuencias económicas significativas. Al depender de fuentes externas, Colombia se expone a la volatilidad de los precios internacionales y a una mayor vulnerabilidad energética. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ya ha advertido sobre un posible déficit de gas a partir de 2025, lo que podría derivar en aumentos sostenidos en los precios tanto para los hogares como para la industria.
Adicionalmente, expertos en política energética advierten que esta dependencia podría afectar la balanza comercial del país y frenar la inversión en tecnologías limpias o en el desarrollo de fuentes energéticas renovables.
El análisis de The Economist también hace referencia al estilo confrontativo de Petro en la arena internacional. Las recientes declaraciones cruzadas con figuras como Donald Trump —a quien calificó con comentarios ambiguos, entre lo político y lo personal— han generado incomodidad en sectores diplomáticos. Estas posturas, sumadas a la falta de claridad en decisiones estratégicas, han alimentado la percepción de que el mandatario colombiano actúa con más ideología que pragmatismo.
¿A dónde va la transición energética en Colombia?
Colombia se encuentra en una encrucijada. Si bien su presidente ha sido un abanderado del ambientalismo global, las acciones concretas de su administración empiezan a generar dudas dentro y fuera del país. La presión internacional aumenta, y las críticas como las de The Economist apuntan a la necesidad de mayor coherencia entre lo que se predica y lo que se ejecuta.
