El contralor General, Felipe Córdoba, junto al procurador General, Fernando Carrillo y el fiscal General, Francisco Barbosa, expusieron al país una nueva serie de medidas disciplinarias contra varios mandatarios y funcionarios públicos por sus acciones administrativas en medio de la pandemia del Covid-19.
El procurador Carrillo informó que atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.
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El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4.7 mil millones.
"No solo recuperaron las donaciones que hicieron a las campañas políticas, sino que ganaron mucho más de lo que invirtieron. Es como un juego entre contratos, pesos y votos. Una cosa monstruosa", dijo Carrillo.
Adicionalmente, la PGN identificó 147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones.
Decisiones de la Contraloría
Por irregularidades en las contrataciones la Contraloría abrió 3 procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones contra el gobernador del Tolima.
También abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones)
La Contraloría ordenó además procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones de la Alcaldía de Girardot (Cundinamarca) y la Alcaldía de Chiriguana (Cesar)
En forma simultánea, el organismo de control abre 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.
Dos indagaciones preliminares en la Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios
Las Indagaciones Preliminares abarcan además las Gobernaciones de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.
La CGR ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones
A la fecha, estas alertas del organismo de control han llevado a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $101.000 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $54.000 millones
Los posibles sobrecostos se redujeron a $6.400 millones y hasta el 12 de junio, la Contraloría había logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $29.276 millones
Debido a la solidez de las alarmas, fueron terminados anticipadamente contratos por $21.000 millones y en 29 el sobrecosto se redujo al cero por ciento, con un beneficio de $4.200 millones
En Bogotá, se han generado 18 alertas por presuntos sobrecostos en cuantía de $20.221 millones.
