La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por las Farc durante el periodo de conflicto armado en Colombia. El gobierno pide la apertura de un macroproceso encaminado a la sanción de los delitos ambientales que cometió la extinta guerrilla de las Farc antes del primero de diciembre de 2016.
El director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, señaló que mediante esta solicitud realizada al tribunal de paz se busca investigar y sancionar a los responsables de estos delitos ambientales. Según explicó, los actos terroristas de las Farc en contra de oleoductos, torres eléctricas y vías causaron efectos negativos en la naturaleza. Además, indicó se valió de la minería ilegal y el narcotráfico, lo que permitió el vertimiento de millones de litros de insumos químicos y toneladas de sustancias solidas en los ríos y las selvas.
"Los crímenes ambientales no son para nada crímenes que pueden pasar de largo. Los crímenes ambientales son considerados crímenes de guerra por el Estatuto de Roma. No hay una sola duda que los daños ambientales causados por las Farc deben ser juzgados y sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz", señaló.
También se argumentó que resulta fundamental que sobre esta materia se conozca toda la verdad, como parte fundamental de la justicia restaurativa, en especial en todo lo relacionado con los vínculos de las Farc y el narcotráfico en todas sus etapas, desde el cultivo hasta el lavado de dinero, pasando por el intercambio de drogas por armas y la financiación obtenida por ese grupo guerrillero del dinero del narcotráfico.
"En cumplimiento de la dimensión prospectiva de la Justicia Transicional y dadas las múltiples alternativas que ofrece el ambiente y las múltiples posibilidades que para recomponerlo, corresponde a la JEP definir además fórmulas que encaminadas a la restauración del daño causado y la garantía de no repetición", sostuvo la agencia.
Gómez manifestó que algunos delitos ambientales cometidos por la extinta guerrilla fueron la deforestación por narcotráfico y minería ilegal, la afectación de afluentes y ecosistemas por los atentados, y el vertimiento de químicos, que según datos recogidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en 2020 se calcula que se vertieron 103.000 toneladas de sustancias sólidas y 525 millones delitos de insumos líquidos por el narcotráfico.
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"Dentro del proceso de paz y en el marco de la actual etapa en la que se encuentra la justicia transicional, es el momento de iniciar la investigación, juzgamiento y sanción y las garantías de no repetición por el daño ambiental causado en el conflicto por las Farc", finalizó.
