El asesinato de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años en el Valle del Cauca, ha conmocionado a la sociedad colombiana. Brayan Snaither Campo Pillimue, de 32 años y confeso autor del crimen, enfrenta una serie de cargos que podrían llevarlo a cumplir una larga condena en prisión. Las autoridades están en proceso de confirmar la identidad del cuerpo encontrado, lo que podría resultar en la clasificación del caso como feminicidio, un delito con penas severas en Colombia.
Campo ha sido capturado y confeso de secuestrar y asesinar a Sofía. Los detalles del crimen son escalofriantes: se alega que la golpeó con una pala antes de ocultar su cuerpo en un cañaduzal. Además de feminicidio, podría ser acusado de desaparición forzada, un delito que en el Código Penal colombiano conlleva penas de prisión de 320 a 540 meses. Esto, sin contar las multas y la posibilidad de interdicción de derechos.
El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago destacó que, si el caso se clasifica como feminicidio, las penas podrían ser aún más severas. Los delitos de homicidio en Colombia pueden acarrear penas que lleguen hasta los 60 años de prisión, y aunque existe la posibilidad de acuerdos con la Fiscalía que podrían reducir la condena en un 50%, es importante señalar que tales reducciones dependen del juez y las circunstancias específicas del caso.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha enfatizado la importancia de la colaboración ciudadana para combatir la impunidad. En este sentido, las autoridades han advertido que aquellos que no reporten comportamientos sospechosos podrían enfrentar cargos por omisión de denuncia, con penas de entre tres y ocho años de prisión. Esto resalta la responsabilidad que tiene la comunidad en la prevención de delitos de esta naturaleza.
El caso se complica aún más al revelarse que Brayan Campo tenía antecedentes por delitos sexuales, incluyendo un intento de retener a otra niña en el sector, quien afortunadamente logró escapar. Esta información ha generado una ola de indignación en la comunidad y ha llevado a cuestionar cómo una persona con un historial delictivo como el de Campo pudo estar libre y en contacto con menores.
Además de las posibles penas por feminicidio y desaparición forzada, la discusión sobre la cadena perpetua ha cobrado fuerza. La gobernadora Toro sugirió reabrir el debate sobre la implementación de esta medida para casos extremos, aunque los cambios en la legislación no podrían aplicarse retroactivamente al caso de Campo. Sin embargo, la presión social y la búsqueda de justicia para Sofía podrían influir en futuras reformas legislativas.
Este trágico suceso ha puesto de relieve la urgente necesidad de mayor vigilancia y protección para los menores en Colombia. La comunidad y las autoridades deben trabajar juntas para prevenir que casos como el de Sofía se repitan. La investigación aún está en curso y se espera que se tomen medidas más estrictas para salvaguardar a los niños y garantizar que los culpables enfrenten la justicia.
