En la actualidad, los gobiernos enfrentan un desafío que trasciende fronteras, ideologías y disciplinas: el cambio climático. Este fenómeno, antes considerado un problema estrictamente ambiental, ha pasado a ser un factor determinante en la seguridad pública, y afecta a millones de personas de manera directa o indirecta. En el marco de la COP16 donde las conversaciones globales sobre la transformación del clima buscan mitigar sus impactos, surge un interrogante inevitable: ¿cómo abordar la intersección entre la crisis climática y la seguridad ciudadana? Este diálogo crucial no solo se hace urgente, sino que se convierte en un pilar fundamental para la sostenibilidad de las sociedades contemporáneas.
En las últimas décadas, hemos sido testigos del incremento en la frecuencia y la magnitud de desastres naturales, desde fuertes temporadas de lluvias hasta incendios forestales, así como de fenómenos como la desertificación y la elevación del nivel del mar. Estas catástrofes no solo generan crisis ambientales, sino que agravan las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, quienes enfrentan la pérdida de sus hogares, la destrucción de sus fuentes de sustento y el desplazamiento forzado. La conexión entre los efectos del cambio climático y el aumento de la criminalidad, la migración y el conflicto social es más evidente que nunca.
En Colombia, la deforestación, la minería ilegal y la expansión de cultivos ilícitos son solo algunos ejemplos de cómo el deterioro ambiental exacerba los problemas de seguridad pública. Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) indican que en 2023 Colombia perdió más de 120.000 hectáreas de bosques tropicales, no solo se afectó la biodiversidad, también ha ocasionado el desplazamiento de comunidades enteras y el aumento de la violencia en zonas rurales controladas por grupos armados ilegales. Las regiones amazónicas y del pacífico, por ejemplo, han experimentado una expansión significativa de la violencia ligada a la explotación de recursos naturales, a la par que se deteriora el medio ambiente.
Así, la COP16 se convierte en un espacio idóneo para que se aborden la intersección entre el cambio climático y la seguridad ciudadana. En muchas regiones de Colombia, las comunidades desplazadas por la perturbación climática se ven obligadas a migrar a áreas urbanas ya sobrepobladas, lo que genera tensiones en la provisión de servicios básicos, aumenta la criminalidad y complica las labores de las autoridades locales.
Para abordar esta compleja realidad, es necesario que las conversaciones en la COP16 avancen hacia una integración real entre las políticas de seguridad pública y las estrategias de sostenibilidad ambiental. Se deben tomar acciones relacionadas con fortalecer la gobernanza ambiental, incorporar la dimensión climática en las políticas de seguridad, crear alianzas internacionales para la seguridad climática, y fomentar la educación y la participación ciudadana.
El desafío que presenta la relación entre cambio climático y seguridad pública requiere respuestas integrales e innovadoras. En el contexto de la COP16 es fundamental que Colombia aborde estas conversaciones difíciles y adopten medidas concretas para mitigar los efectos de la crisis climática en la seguridad ciudadana. No hacerlo implica condenar a millones de personas a vivir en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Colombia tiene la oportunidad de liderar el camino en América Latina al integrar la sostenibilidad y la seguridad en sus políticas públicas. Pero esto solo será posible si las autoridades reconocen la magnitud del desafío y actúan en consecuencia. Es hora de que los diálogos cruciales sobre el futuro ambiental de nuestro país incluyan, de manera explícita, la seguridad pública como parte de la solución. La sustentabilidad ambiental no solo es una cuestión ecológica, es un asunto de seguridad y de supervivencia.
