En un nuevo capítulo del caso que ha marcado la historia política reciente de Colombia, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a Aida Merlano Rebolledo, excongresista del Centro Democrático, por la violación de los topes en su campaña electoral al Senado en 2018.
La decisión judicial deja en firme la sentencia de cinco años y seis meses de prisión, así como una multa de 3.430 millones de pesos, que había sido dictada en 2022.
Este fallo llega después de la revocatoria presentada por la defensa de Merlano, quien buscaba revertir la condena alegando diversas irregularidades en el proceso. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis de la evidencia presentada en el juicio, la Corte consideró que no existían elementos suficientes para modificar la sentencia.
El caso contra Aida Merlano comenzó tras un allanamiento a su sede de campaña en 2018, donde las autoridades encontraron pruebas claras de que la financiación de su campaña superaba los topes legales establecidos por la ley electoral. Los investigadores descubrieron documentos que evidenciaban pagos irregulares, realizados a través de giros de dinero que no fueron reportados adecuadamente ante las autoridades, lo que constituyó una clara violación a las normativas electorales.
Además de los pagos ilegales, el caso también reveló la participación de personas cercanas a Merlano, como los hermanos Gerlein Echeverría, quienes estuvieron involucrados en la financiación de la campaña. Según la Corte, la excongresista sabía que los fondos recibidos excedían los límites permitidos por la ley y, por ende, actuó de manera deliberada para evadir el control de las autoridades electorales.
La implicación de los Gerlein y otros actores
Uno de los elementos más controvertidos de este caso es la vinculación de miembros de la poderosa familia Gerlein, especialmente de Julio Gerlein, un influyente empresario y hermano del fallecido exsenador Roberto Gerlein.
Aunque inicialmente fue investigado por su participación en el financiamiento ilegal de la campaña de Merlano, este año el caso fue archivado y se le absolvió de cualquier responsabilidad penal.
Por otro lado, el exsenador Arturo Char, quien también fue mencionado en el proceso, fue detenido en 2021 por su presunta participación en un esquema de compra de votos relacionado con Merlano.
Sin embargo, tras diversas dilaciones y la presentación de tutelas, Char fue dejado en libertad sin que se le impusiera una condena, lo que dejó en entredicho las capacidades de la justicia para abordar casos de corrupción de alto perfil.
En cuanto a Alex Char, hermano de Arturo y ex amante de Merlano, su nombre también apareció en las declaraciones de la excongresista como parte de un supuesto entramado de corrupción electoral.
A pesar de la notoriedad del caso, Alex Char continúa su carrera política como alcalde de Barranquilla, completando su tercer mandato sin mayores implicaciones legales derivadas del proceso judicial.
La clandestinidad y la evasión del control
Uno de los factores clave que llevó a la Corte a ratificar la condena contra Merlano fue la “clandestinidad” de las transacciones realizadas para financiar su campaña. La Corte subrayó que las operaciones financieras fueron deliberadamente diseñadas para evadir el control de las autoridades, lo que refleja una clara intención de burlar la ley.
Para el alto tribunal, el hecho de que las cifras de financiación estuvieran ocultas y no fueran reportadas correctamente a las autoridades competentes constituye una falta grave que no puede ser pasada por alto. En este sentido, la Corte reafirmó que Merlano actuó con pleno conocimiento de que su campaña excedía los límites establecidos por la legislación electoral.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia no solo ratifica la condena a Merlano, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar las normas en el ámbito electoral. A pesar de que algunos de los actores involucrados, como los hermanos Char, han logrado evadir condenas o no han sido procesados, la decisión judicial refleja la firmeza de la Corte para perseguir la corrupción en la política colombiana.
Con esta ratificación, Aida Merlano deberá cumplir su condena de prisión y enfrentar la multa impuesta, lo que marca un hito en los esfuerzos del sistema judicial colombiano para sancionar las irregularidades en las campañas electorales y garantizar un proceso democrático transparente.
