El asesinato de líderes sociales en Colombia continúa llamando la atención de organismo internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recientemente a través de un comunicado condenó los crímenes cometidos contra Marcos Ribadeneira, dirigente político y social del Putumayo y la lideresa social Carlota Salinas, ambos ocurridos en este mes de marzo.
De acuerdo al seguimiento realizado por la CIDH, desde el mes de enero de 2020 a la fecha, al menos 24 personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes fueron asesinadas en diversos departamentos del país.
En el monitoreo que realiza el organismo internacional en el país, registran un aumento en el número de asesinatos, amenazas y ataques contra líderes y lideresas sociales registrado desde el 2016. Además, en el referido informe, la CIDH identificó algunos de los factores principales de riesgo para estos colectivos como lo son:
- La intensificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales (entre estas, la minería ilegal).
- La lenta estabilización de los espacios en los que ejercía su influencia la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
- La persistente actividad de grupos armados ilegales de distinta naturaleza.
- La diversificación de los intereses de la criminalidad organizada.
En el informe que revelaron de la situación de estas personas en 2019 la CIDH alertó sobre los 108 asesinatos contra líderes sociales. La Comisión observa con preocupación que estos asesinatos se han presentado con mayor frecuencia en los departamentos de Cauca, Huila, Antioquia y Putumayo.
Entre los asesinatos de este año están el de la lideresa social y promotora de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito Gloria Ocampo, el 6 de enero de 2020 en Puerto Guzmán, Putumayo. El 16 de febrero, Albeiro Silva Mosquera y Luis Hugo Silva Mosquera, líderes campesinos e integrantes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena, fueron asesinados en el municipio de Miranda, departamento de Cauca. Asimismo, el 4 de marzo fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Esmero, municipio de Campoalegre, departamento de Huila.
Si bien la CIDH reconoce la labor del Estado y de instituciones como la Fiscalía, asegura que parte de sus obligaciones es llevar a cabo acciones oportunas y diligentes para investigar, establecer patrones y sancionar cualquier agresión que se presente contra una persona defensora por el ejercicio de sus funciones a fin de prevenir la consecución de otros actos en su contra.
