El 21 de febrero de 2024, Bogotá se vio sacudida por un crimen que conmocionó a la ciudad. En pleno corazón del Parque de la 93, el empresario Hernán Roberto Franco Charry fue asesinado en un ataque violento que parecía un caso aislado de delincuencia.
Sin embargo, con el paso de los meses, la investigación ha revelado detalles que han puesto en evidencia un crimen premeditado y vinculado a una organización delictiva dedicada al sicariato.
El giro en la investigación: una banda de sicarios detrás del crimen
Inicialmente, el asesinato de Franco Charry fue tratado como un hecho aislado de violencia urbana, pero pronto surgieron pistas que indicaron que se trataba de un asesinato planificado.
La captura de Jean Karlo Bermúdez Camargo, el mismo día del crimen, fue solo el comienzo de una investigación que ha dado un giro inesperado. Bermúdez, quien se encontraba en las cercanías del lugar, supuestamente había colaborado con los asesinos ayudando en su escape.
La sorpresa vino cuando se conoció que no solo Bermúdez estaría involucrado, sino que otras cuatro personas, cuyos nombres están siendo manejados con cautela, habrían participado activamente en el asesinato. Según las autoridades, dos de estos individuos habrían estado vigilando el entorno del edificio donde Franco residía, lo que sugeriría una preparación meticulosa del ataque.
La última hora de vida de Hernán Roberto Franco Charry
De acuerdo con las investigaciones de la Policía, los sospechosos estuvieron observando el edificio Prados del Museo, donde Franco residía, durante varios días antes del homicidio. La mañana del crimen, el 21 de febrero, las cámaras de seguridad captaron a los implicados merodeando la zona. A las 6:57 a.m., aproximadamente 30 minutos antes de la tragedia, uno de los hombres se ubicó en una esquina estratégica desde donde podía ver claramente la salida del parqueadero del edificio.
Sobre las 7:17 a.m., Franco salió del edificio en su automóvil, y un minuto después, los sospechosos abandonaron el lugar. La Policía ha señalado que, aunque no se puede confirmar la participación directa de estos individuos, todo parece indicar que actuaron como “campaneros”, es decir, como vigilantes que alertaron al sicario para que cometiera el asesinato.
Una nueva línea de investigación: la deuda millonaria
Lo que parecía ser un caso relacionado con posibles conflictos laborales debido al trabajo de auditoría de Franco, ha dado un giro aún más sorprendente.
Recientemente, las autoridades han revelado una nueva hipótesis: el empresario podría haber estado involucrado en una operación económica con una página web, y que dicha relación financiera podría haberle acarreado una deuda millonaria. Según fuentes cercanas al caso, Franco habría estado pagando una deuda de 2.800 millones de pesos mediante la cesión de propiedades.
Este giro en la investigación ha cambiado el rumbo de las hipótesis iniciales, en las que se especulaba sobre posibles enemistades laborales o irregularidades en las empresas auditadas por Franco. Sin embargo, ahora se cree que el empresario fue víctima de un asesinato encargado por un tercero, sin que los sicarios tuvieran algún vínculo personal con él.
La banda criminal detrás del ataque
Un aspecto crucial del caso es que se ha confirmado que la banda delictiva que ejecutó el asesinato no conocía personalmente a Franco Charry. Según las autoridades, los asesinos fueron contratados para llevar a cabo el crimen, lo que señala la naturaleza profesional y planificada del ataque. Este tipo de contrataciones no es raro en el mundo del sicariato, donde se suelen contratar a grupos especializados para realizar asesinatos por encargo.
El asesinato de Hernán Roberto Franco Charry ha sacado a la luz la persistente preocupación por la seguridad en Bogotá. A pesar de los esfuerzos del gobierno local para reducir los índices de criminalidad, casos como el de Franco evidencian la capacidad de las organizaciones delictivas para operar de manera impune en zonas de alta visibilidad, como el Parque de la 93, una de las áreas más exclusivas de la ciudad.
Este crimen ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar las políticas de seguridad en la capital, especialmente en lo que respecta a las bandas dedicadas al sicariato. Además, el caso ha abierto un debate sobre la vulnerabilidad de los empresarios y figuras públicas ante este tipo de amenazas.
