Las afectaciones mentales son una realidad cada vez más grande en Colombia. Un problema perdido entre el subregistro de los casos y una ley de salud pública construida sobre la base de una encuesta de hace siete años, que probablemente no tenga la capacidad para responder a una situación dinámica que hoy está peor por cuenta de la pandemia y la recesión económica en la que muchos colombianos están sumergidos.
De acuerdo con un estudio de marzo de la Organización de las Naciones Unidas, la pandemia incrementó un 25% la ansiedad y la depresión en el mundo, siendo los jóvenes entre los 20 y 24 años la población más afectada. De hecho, el documento también señala que se llegaron a aumentar considerablemente los pensamientos suicidas en este rango poblacional. Una cifra que va muy en línea con lo que se ha encontrado en Colombia.
En junio de este 2022, el grupo de investigación Ceinfes determinó que un 70% de los jóvenes en Colombia sufren de depresión o se sienten poco felices, luego de entrevistar a una muestra de 1350 colombianos entre los 12 y los 17 años. Los datos eran contundentes: 30% no tenía confianza en sí mismo y tenían problemas para concentrarse, 50% no sentía tener la capacidad para superar los problemas del día a día y un 70% ni siquiera podía conciliar el sueño por las dificultades de su vida.
- Lea también: Salud mental en Colombia, entre el estigma y la falta de datos
Esta medición se ajusta a la de la OMS, que indica que al menos seis de cada diez personas en el mundo sufren de una enfermedad mental. Una estadística que Colombia se ha visto reflejada, aún con un nivel de subregistro abismal, con el aumento considerable de problemáticas como el suicidio. Cifra que hoy se ubica un 44% más alto que hace 10 años, según el más reciente informe del Dane sobre el tema.
Todavía más grave: según datos de la entidad, en 2021 sucedieron 2.962 suicidios en el país, de los cuales un 37% fueron jóvenes. Problemática que es más fácil de dimensionar si se tiene en cuenta que, según el Instituto Nacional de Salud, mientras en 2019 se presentaron 1’643.122 atenciones por trastornos mentales, entre abril de 2020 y abril de 2021 esa cifra fue de apenas 18.089 (vía teleorientación).
Esa poca cantidad de peticiones por temas de salud mental, aunque puede ser señal de una mejoría en el país, lo cierto es que también puede serlo de serias dificultades de las personas para acceder a servicios médicos de este tipo. Una bomba de tiempo de la que hasta ahora se están viendo los efectos, como bien se pudo apreciar con la mencionada alza en los casos de suicidio.
No obstante, esa misma institución lanza un grito importante: “Aunque Colombia ya ocupaba el quinto lugar en los países de Latinoamérica con mayores porcentajes de discapacidad por trastornos como depresión, ansiedad y suicidio, revisiones sistemáticas internacionales evidencian altas prevalencias de estos trastornos en la población general derivados de la pandemia y resaltan la necesidad de observar su magnitud e identificar sus determinantes, como las desigualdades sociales, el confinamiento y la resiliencia”.
¿Es necesaria una política pública renovada para la salud mental?
El Instituto Nacional de Salud señala que “para avanzar hacia nuevas formas de cuidado y protección de la salud mental en esta pandemia y futuras emergencias, se requiere aproximarse a las necesidades que ha dejado hasta ahora el COVID-19 en la salud mental de la población colombiana”. La pregunta es: ¿en qué va esto?
Para empezar, hay que retomar el tema de la Ley Nacional de Salud Mental. Para ello hay que remitirnos a la Resolución 4886 de 2018, mediante la cual se adopta la mencionada ley, que por cierto existe desde 2013 (es decir, cinco años para darse cuenta de que, efectivamente, el texto normativo “contiene disposiciones para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes).
- Además: ¿Cuántas vidas cobra la salud mental en Colombia al año?
No obstante, el problema es todavía más profundo y yace en esa misma resolución, donde se reconoce que “en Colombia se han realizado tres grandes estudios descriptivos de corte transversal: encuestas de Salud Mental de 1993, 2003 y 2015”. Todas ellas importantes mediciones estadísticas que han ayudado a construir política pública en salud mental, pero que sin embargo distan mínimo en siete años de la situación actual (y aún así se siguen utilizando como marco de referencia).
Está claro que por lo menos hay que agradecer que se tiene política especializada en salud mental, algo que en muchos países no se tiene contemplado. De acuerdo con el Ministerio, este es un documento que “tiene el objetivo de promover la salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las personas (...) para la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicido, las violencias interpersonales y epilepsia”. En ese componente de leyes macro también se incluye una para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Todas ellas, tienen varios ejes de implementación: la promoción (que se refiere a todas las campañas de pedagogía), el tratamiento, la rehabilitación integral e inclusión social, así como la coordinación, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. Por ejemplo, eso incluye acciones para “enfrentar los estigmas públicos y auto estigmas relacionados con salud mental”, hasta la identificación territorial de la salud mental, violencia y consumo de sustancias psicoactivas.
Así las cosas, si bien tanto la normativa nacional como la territorial contempla toda una serie de medidas integrales para el abordaje de la salud mental en Colombia, lo cierto es que las estadísticas podrían llegar a reflejar poca efectividad en su traducción a la realidad. Podría ser, y esto es solo una idea, por la falta de un censo constante y a gran escala que ayude a adoptar política pública mucho más precisa y efectiva.
