El suicidio se está convirtiendo en una realidad cada vez más acentuada en Colombia. Según el más reciente informe del Dane al respecto, en los últimos diez años la tasa de suicidios ha aumentado en 44 %. En 2021, se registraron 2.962 suicidios en todo el territorio nacional, convirtiéndose en la cifra más alarmante en la historia del país. Expertos indican que tal aumento está directamente relacionado con las secuelas mentales y emocionales que dejó en muchos la pandemia del virus Covid-19.
Más que una causa, la pandemia se convirtió en un estímulo de un problema existente: las diversas enfermedades mentales y vulnerabilidades emocionales que enfrentan millones de colombianos a diario. Pero hay estudios, como el del Dane, que ya dan algunas pistas de por dónde se podría atender el problema: por ejemplo, que los jóvenes entre los 15 los 29 años son quienes tienen los porcentajes más altos de suicidios o que el 81,3 % de quienes se suicidan en el país son hombres.
Pero, ¿cómo ha respondido el Estado ante esta difícil situación de salud pública reflejada en cifras? Actualmente, existe una Política Nacional de Salud Mental, cuyo objetivo es “promover la salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las personas, familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y colectivos, para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia”.
El Ministerio de Salud y Protección Social es la institución encargada de velar por el cumplimiento de esta política enmarcada en el reconocimiento de la salud como un derecho (Ley 1751 de 2015, Resolución 429 de 2016).
Aunque se han implementado acciones concretas en el marco de esta política, las cifras siguen sin ser alentadoras y, en lo que va de 2022, hay más de mil suicidios reportados por Medicina Legal.
Actualmente, hay un proyecto de ley con el que se busca que las instituciones educativas en las que se cursen los grados de preescolar, primaria y secundaria se le dé prioridad a la salud mental. La Superintendencia de Salud tendría la potestad de vigilar que las instituciones educativas implementen programas de salud mental si no quieren ser sancionadas por la entidad de control.
Este, el proyecto de ley 166 de 2022, es iniciativa del senador Enrique Cabrales Baquero, del Centro Democrático y a él han suscrito otros parlamentarios como Oscar Villamizar y María Fernanda Cabal.
Asimismo, en el Congreso de la República fue instalada una comisión accidental dedicada a debatir sobre la salud mental de los colombianos. ¿Quiénes la integran? Olga Lucía Velásquez, Gloria Liliana Rodríguez y Jaime Raúl Salamanca, todos de la Alianza Verde.
Con ello, buscan hacer exhaustivo seguimiento a la implementación de políticas de salud mental en el país y en los diferentes niveles de la sociedad.
“El dedo en la llaga es hablar hoy de salud mental para poder garantizar salud integral, cuando hablamos de paz total y es parte de lo que hoy nos inspira el Gobierno Nacional también tiene que ver con la salud mental. Esta es la comisión que les da a todos y todas la bienvenida para que podamos trabajar en equipo, construir de manera integral, que podamos hacer seguimiento”, dijo en su momento Velásquez.
