La primera vez que Britani supo que había algo malo con su embarazo fue una noche de julio de 2019, cuando comenzó a sangrar y se fue de prisa a una sala de urgencias.
El doctor en turno le comentó que tenía una infección que podría provocarle un aborto. Britani accedió a buscar un obstetra para tratar el problema, a sabiendas de que no iba a cumplir su palabra.
Como inmigrante sin permiso legal para vivir en el país, Britani, ahora de 20 años, no tenía seguro de salud ni dinero para pagar su tratamiento en efectivo. Su única opción era solicitar beneficios públicos, pero se había enterado por sus amigos de que al hacerlo se volvería un blanco de deportación o pondría en riesgo su solicitud pendiente para la green card. Por lo tanto, no hizo nada, con la esperanza de que se le pasara la infección por sí sola.
Unas semanas más tarde, Britani despertó a su esposo abruptamente en medio de la noche y le dijo que trajera a su madre, quien estaba en la habitación de al lado. Regresaron y encontraron a Britani doblada del dolor, con el rostro empapado en lágrimas.
“Hay mucha sangre”, advirtió Britani.
Cuando el presidente Donald Trump desató sus medidas enérgicas en contra de la inmigración, las personas sin un estatus legal hicieron todo lo posible para borrar las huellas de su existencia a fin de no ser expulsadas. Se ocultaron en casa para eludir una serie agresiva de nuevos arrestos en las calles. Y miles abandonaron los programas de protección social a fin de evitar una política que representa una amenaza menos visible.
Con base en una expansión de los límites a las “cargas públicas”, el gobierno señaló que iba a detener la legalización de los inmigrantes que vivieran en el país con permiso legal y hubieran usado algunos beneficios públicos.
Aunque los inmigrantes que viven en el país sin permiso legal no son elegibles para la mayoría de los programas de protección social y han demostrado que usan los que están disponibles en tasas más bajas que los ciudadanos estadounidenses, el gobierno de Trump declaró que la expansión era necesaria para desalentar de mudarse a Estados Unidos a la gente que no pudiera mantenerse económicamente.
“Bienvenidos sean los cansados y los pobres que pueden valerse por sí mismos y que no sean una carga pública”, mencionó en ese momento Kenneth Cuccinelli, el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
La política tenía excepciones para algunos grupos vulnerables, entre ellos las embarazadas. Sin embargo, según doctores y funcionarios del sector de la salud pública, a pesar de todo, muchas mujeres que viven en el país sin permiso legal están convencidas de que se reducirán sus opciones de legalización, además, les preocupa que los agentes de inmigración, que a menudo se ven en los hospitales a lo largo de la frontera, puedan considerarlas un blanco de deportación.
El resultado es un clima de temor en escalada que está teniendo consecuencias desastrosas para la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés, aseguraron estas personas.
Unos días después de que se dio a conocer la política de las cargas públicas, a lo cual le siguió una cobertura constante de los medios noticiosos de habla hispana y varias advertencias funestas en redes sociales, las tasas de inasistencia a las citas de atención prenatal en las clínicas aumentaron de manera dramática.
Según las parteras, hubo un incremento significativo de las solicitudes para tener un parto en casa de las mujeres que están en el país sin permiso legal, pues querían evitar una visita al hospital. Los doctores mencionaron que habían presenciado un pico en la cantidad de mujeres que llegaron a las salas de urgencias con complicaciones graves o en trabajo de parto, y sin una sola cita de atención prenatal.
El problema ha sido especialmente marcado en Texas, el lugar con la segunda población más grande de inmigrantes en Estados Unidos que no tienen permiso legal para estar en el país.
“¿Nos desbarrancaremos pronto en el tema de la salud de las mujeres inmigrantes?”, cuestionó Tony Ogburn, obstetra de DHR Health, un hospital concurrido de Edinburg, Texas, una ciudad cerca de la frontera mexicana, donde nacen entre 8000 y 9000 bebés al año. “Creo que ya estamos en esa situación”.
Incluso antes de que Trump asumiera el cargo, una investigación sobre los casos pasados había demostrado que las mujeres que no tenían permiso legal en el país eran más propensas a evitar la atención prenatal y a experimentar complicaciones durante el parto.
Además, aunque las inmigrantes recién llegadas de Latinoamérica a menudo son más sanas que las mujeres nacidas en Estados Unidos, los bebés de las mujeres que viven en el país sin un permiso legal son más propensos que los demás a nacer con un peso menor al normal y a ser prematuros —la causa más común de mortalidad infantil—, en particular después de las redadas dirigidas a los inmigrantes.
Las disparidades estuvieron relacionadas con el estrés de vivir en los márgenes de la sociedad, así como con el hecho de que los inmigrantes que están en el país sin permiso legal son elegibles a menos beneficios públicos que los ciudadanos estadounidenses, y a menudo son recelosos de usar la ayuda gubernamental porque les preocupan las repercusiones que pudieran enfrentar.
Ogburn señaló que muchos de sus clientes en Texas no se hacían ultrasonidos caros —cruciales para identificar problemas potenciales— porque pagaban en efectivo y no podían costear ese tipo de procedimientos.
El presidente electo Joe Biden ha indicado que empezará a dar marcha atrás a los cambios a las designaciones de las cargas públicas durante sus primeros 100 días como mandatario, pero los expertos creen que probablemente se mantendrá vigente parte del temor que se ha infundido.
Britani, quien como otras mujeres en este artículo pidieron que no fueran publicados sus apellidos debido a su estatus migratorio, comentó que, cuando llegó a la sala de urgencias por segunda vez, los doctores le dijeron que había desarrollado otra infección, una más grave.
Britani fue internada para pasar la noche. La mañana siguiente, un trabajador social le preguntó a la familia cómo planeaba pagar el tratamiento. “Te ponen entre la espada y la pared”, comentó más tarde María, la suegra de Britani, quien también vive en el país sin permiso legal. “Es tu bebé o tu estatus migratorio”.
La familia decidió que la única opción era solicitar una versión limitada de beneficios públicos disponible en Texas para las embarazadas que viven en el país sin un permiso legal, esto permitió que Britani recibiera el primer ultrasonido de su embarazo, bastante entrado el segundo trimestre. Sin embargo, las granulosas imágenes blanco y negro de su hija en crecimiento difícilmente fueron tranquilizadoras. “Tenía miedo porque no sabía si habíamos hecho lo correcto”, admitió Britani.
Obstetras asociados con la Universidad de Texas Valle del Río Grande han llevado clínicas móviles a las colonias, con la esperanza de que sea más probable que las embarazadas asistan a las citas si son cerca de su casa. Las clínicas cuentan con “promotoras” —profesionales de la salud con lazos fuertes dentro de la comunidad— para convencer a los pacientes de que tomen el tratamiento, el cual es gratuito o tiene un descuento significativo.
María Aguilar, una promotora nacida en México que vivió un tiempo en Estados Unidos sin permiso, dedica sus días a entregar alimentos y medicinas a las personas que están demasiado atemorizadas como para salir a la calle. Les lleva mascarillas a las mujeres que trabajan en el campo durante sus embarazos, para protegerlas de la exposición a los pesticidas. Sin embargo, Aguilar señaló que a menudo las mujeres ignoraban sus llamadas telefónicas porque tenían miedo de buscar tratamiento. Para cuando acuden a ella en momentos de crisis, algunas ya han sufrido abortos.
Para responder con cuánta frecuencia afloran esos miedos en su trabajo con pacientes, Aguilar dijo: “Si te soy sincera, no hemos visto a nadie que no tenga ese problema”.
Después de que entró en vigor la reforma a las prestaciones sociales del presidente Bill Clinton para limitarles el acceso de beneficios a los inmigrantes, se vio un efecto escalofriante similar. En Texas, después de la promulgación de la ley, hubo un aumento en la mortalidad y morbilidad materna, comentó King Hillier, vicepresidente del distrito hospitalario del condado de Harris, el cual incluye a Houston.
Incluso en el enclave liberal de Austin, la capital del estado, los médicos aseguran que tienen límites en cuanto a lo que les pueden decir sin problemas a los pacientes a fin de calmar sus preocupaciones sobre las nuevas tácticas agresivas usadas para rastrear y arrestar a los inmigrantes.
“Nadie puede mentirles para tranquilizarlas porque todo es posible estos días”, señaló Margaret Kini, ginecobstetra de una de las clínicas más grandes de la ciudad para gente de escasos recursos.
Griselda, una mujer que ha vivido en Austin más de dos décadas sin permiso legal, comentó que la elección de Trump en 2016 produjo un impacto inmediato en su comunidad. Poco después, el padre de uno de los compañeros de clase de su hijo fue deportado, lo cual los asustó a ella y a los otros padres. Unos meses más tarde, un policía la hizo orillarse mientras iba en el auto y le levantó una infracción. Luego lanzó una advertencia a su hijo. “Le dijo: ‘Si quisiera, me podría llevar a tu mamá porque es ilegal’”.
Todo esto ensombreció el descubrimiento del embarazo de su cuarto hijo en enero de 2019. En vez de ir a un hospital, como lo hizo cuando parió a sus primeros tres hijos, Griselda encontró a una partera para que le ayudara a dar a luz en casa a su hija, Ava Valentina. Debido a que espera tener el estatus legal algún día, Griselda ha seguido evitando el uso de los servicios del gobierno, incluidos los que tiene su hijo como derecho por ser ciudadano estadounidense, pues teme las consecuencias futuras.
“No quiero ser una carga pública”, comentó, con su bebé de una semana en brazos, y preocupada del costo de su siguiente revisión del segundo mes, cuando la bebé debía ser vacunada. “Si puedo pagarla yo sola, eso haré”.
Por: Caitlin Dickerson
