La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una vigilancia preventiva ante las tensiones surgidas en la Junta Directiva del Metro de Medellín. A pesar de que la Alcaldía de Medellín canceló la convocatoria a una Junta extraordinaria, la Procuraduría seguirá de cerca cada acción y petición realizada por los miembros de la Junta durante los próximos 24 días de este año 2023.
La decisión de la Procuraduría se tomó luego de las denuncias y peticiones para que los órganos de control investigaran lo que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, calificó como una "toma hostil" impulsada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
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El Sistema Masivo de Transporte informó a la Superintendencia Financiera sobre el inicio de una vigilancia preventiva que se extenderá por el resto de este año. Según la comunicación recibida por la Procuraduría, se designó una agencia especial para ejercer vigilancia en todo lo relacionado con las sesiones de la Junta Directiva de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda, que se lleven a cabo en diciembre de 2023 y otras acciones derivadas de estas reuniones.
Cabe destacar que cinco miembros de la Junta del Metro, con vínculos administrativos con el exalcalde Daniel Quintero, fueron recusados por presuntos conflictos de interés, según el representante a la Cámara Hernán Cadavid. Entre los recusados se encuentran Óscar Hurtado, Juan Carlos Torres (secretario de Movilidad) y Alejandro Muñoz (director de Planeación), quienes están involucrados en decisiones relacionadas con una millonaria demanda de más de 70.000 millones de pesos interpuesta por el Metro al Distrito para cubrir la tarifa diferencial en la operación de algunas líneas del Metroplús.
Los otros dos recusados son Juan Carlos Tafur y Sebastián Hinestroza, delegados del Gobierno nacional. Tafur ha tenido contratos con la Alcaldía y con Ruta N en el último año, mientras que Hinestroza figura como representante legal de una empresa contratista encargada de la renovación de la malla vial en la ciudad.
Hasta el momento, la Junta del Metro no ha emitido una respuesta oficial sobre la vigilancia preventiva iniciada por la Procuraduría.
