Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el CTI de la Fiscalía capturó al senador y exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa, en un edificio de la calle 92, en el norte de Bogotá. Una investigación que se adelanta en su contra por irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015 lo tiene en jaque, al igual que a Cambio Radical, su partido.
El alto tribunal investiga a Aguilar por la supuesta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en calidad de determinador, y como presunto autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.
De acuerdo con la Corte, cuatro contratos firmados por Aguilar entre 2014 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a "hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado - para sí y para otros- de dineros públicos".
Al parecer, el entonces mandatario regional le habría ordenado a algunos funcionarios de la gobernación entregar contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él. Específicamente, las supuestas irregularidades tienen que ver con obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga, obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá y en el corredor vial Agroforestal y Energético, así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca.
Con la captura de Aguilar se abre el interrogante de qué pasará con su curul en el Senado de la República. Aún no se sabe cuál será el rumbo de su caso, pero seguramente no podrá continuar con su trabajo en el Legislativo y, teniendo en cuenta el delito por el que se le investiga, Cambio Radical también saldrá perjudicado.
Es de señalar que, por tratarse de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, es decir, de corrupción, se aplicaría la figura de la ‘silla vacía’, por lo que el partido que dirige el exvicepresidente Germán Vargas Lleras quedaría con una curul menos, al no poder reemplazarlo.
De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, "en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática" y tampoco podrán reemplazarse las faltas temporales "de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos por esta clase de faltas".
Así las cosas, la curul de Aguilar quedó vacía desde el momento de su captura en la noche del martes pasado. Su partido no puede nombrar a un reemplazante y el senador solo podrá volver a ocuparla si no es encontrado culpable de los delitos por los que es acusado.
- Le puede interesar: Recorte de asesores de congresistas, la apuesta de Gabriel Santos
Aguilar no es el único congresista salpicado por este supuesto escándalo de corrupción. El representante Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, también estaría involucrado y la Corte Suprema de Justicia adelanta otra investigación en su contra.
En enero del presente año, Noticias Caracol reveló las pruebas que señalan a los congresistas. Se trata de audios y conversaciones de Whatsapp en los que dos testigos los acusan de ser beneficiarios de una supuesta red de corrupción en Santander.
La exsecretaria de infraestructura de Santander, Claudia Yaneth Toledo, y su esposo, Lenin Darío Pardo, han asegurado que tienen pruebas de la organización criminal que amañó contratos de infraestructura y recibió millonarias coimas durante la gobernación de Aguilar entre 2012 y 2015.
Toledo y su esposo, enjuiciados por este caso, le han venido relatando a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia cómo operó ese supuesto esquema de corrupción en contratos que sumarían más de 500 mil millones de pesos.
En junio del año pasado, Lenin Pardo entregó a la justicia varias conversaciones con Ballesteros. En ellas, según el testigo, se pactó la entrega de un soborno. La Corte investiga el contexto de estos chats de WhatsApp entre Pardo y el representante del Centro Democrático.
Por su parte, Ballesteros ha negado toda responsabilidad en dicho caso, ha advertido que no recibió ni entregó ningún soborno y que así lo demostrará en el momento en el que sea llamado por el alto tribunal.
