Con 67 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate, el proyecto de ley 401 de 2021 Senado-560 de 2021 Cámara, que reglamenta la prisión perpetua, reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.
Así las cosas, la iniciativa cuya autoría corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho y que ha sido impulsada por su titular, Wilson Ruiz Orejuela, pasa a sanción presidencial y se convertirá en ley de la República.
El proyecto reglamenta los tres elementos esenciales que caracterizan la modificación introducida por el acto legislativo 01 de 2020 al artículo 34 de la Constitución frente a la imposición de la prisión perpetua: su condición excepcional; el control automático de la pena ante el superior jerárquico-doble conformidad; y la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años, para evaluar la resocialización del condenado.
Además, incluye en la reglamentación la modificación del artículo 83 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) para darle cumplimiento a la Ley 2081 de 2021 en cuanto la imprescriptibilidad de la acción penal cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, del incesto o del homicidio agravado cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
La prisión perpetua revisable es una pena aplicable en tres conductas delictivas cuando la víctima sea un niño, una niña o un adolescente: la primera cuando se viola el bien jurídico de la vida con la comisión de un delito de homicidio en la modalidad dolosa; la segunda, cuando se transgrede en conducta delictiva el bien jurídico de la libertad sexual por acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir; y la tercera cuando la víctima sea incapaz de resistir.
Además, deja abierta la posibilidad de resocialización del condenado, pues contempla la posibilidad de revisión de la pena perpetua, para imponer una pena temporal, luego de transcurridos veinticinco (25) años, sin que se deje de lado las funciones de la pena establecidas en el artículo 4 de la Ley 599 de 2000.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que la reglamentación ya pasó por el Consejo de Política Criminal en donde tuvo una votación favorable para poder ser radicado y lo que queda claro es que ningún caso podrá recibir una pena inferior a la que hoy ya establece la ley.
"Contiene la revisión de la resocialización del condenado en un plazo mínimo de 25 años. Sin embargo, deberá cumplir como mínimo de condena efectiva los 50 años de prisión establecida por el Código Penal y en caso de concurso de delitos, 60 años de prisión", aseguró el ministro Ruíz Orejuela.
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El jefe de la cartera de Justicia reiteró que ninguna jurisdicción está por encima de los derechos de los niños. “Hoy lo hemos hecho realidad”, dijo al agradecer a Johana Jiménez, hija de la fallecida Gilma Jiménez, parlamentaria que siempre luchó por esta causa que también respaldaron el ministro del Interior, Daniel Palacios, y al viceministro de Promoción de la Justicia, Francisco Chaux.
Ruiz Orejuela indicó que la reglamentación de la prisión perpetua no anula las funciones de la pena que establece el Código Penal de prevención general, prevención específica, retribución justa y resocialización, para evitar una revictimización de las víctimas, sus familias y la sociedad misma.
El ministro concluyó su intervención diciendo que la prisión perpetua no tiene carácter retroactivo, por lo que no puede ser aplicada a conductas cometidas con anterioridad a la sanción de la ley reglamentaria.
“El proyecto determina que los beneficios que impliquen permanencia fuera del establecimiento de reclusión, no serán aplicables en casos de personas condenadas a prisión perpetua. Y en cuanto al trabajo y estudio que realicen los condenados, estos hacen parte del plan de resocialización”, explicó.
