Este viernes tres de septiembre, desde las 09:00 A.M., en la Cámara de Representantes se llevará a cabo el debate de moción de censura en contra de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo del contrato que suscribió con la Unión Temporal Centros Poblados, el cual tiene a las ías del país buscando los $70.000 millones de un anticipo que se le dio al consorcio.
El representante León Fredy Muñoz, citante del debate, dio a conocer los ocho puntos que tocará en la sesión. Entre ellos destaca las advertencias que se le habrían hecho a la ministra por las irregularidades de la UT, las cuentas equivocadas que, según Muñoz, ha hecho Abudinen y el tema de la responsabilidad política.
Estos son algunos puntos clave del debate, anunciados por el citante:
No paran de aparecer documentos falsos: el representante Muñoz afirmó que el 24 de octubre de 2020 se firmó el documento que acredita la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados. "Se falsificaron los nombres y las firmas de los representantes legales de dos de las empresas de la UT, de ICM Ingenieros y de FUNTICS".
La gente de la ministra fue la que más participó en la licitación: de acuerdo con Muñoz, el comité asesor y evaluador de la licitación estaba compuesto por la Subdirectora de Gestión Contractual, el Subdirector Financiero y el Director de Infraestructura. Los dos primeros fueron designados por la ministra, trabajaron con ella en otras entidades y responden a la mano derecha de la ministra. Este comité se conformó el 23 de septiembre de 2020.
La ministra estada advertida: desde el 25 de noviembre y hasta el 17 de diciembre de 2020 tres veedurías distintas le advirtieron al Ministerio sobre las irregularidades en la licitación, pero a todas las desdeñó. "El 17 de diciembre de 2020 la Red Nacional de Veedurías Bien Común solicitó la revocación de la licitación por lo nexos de Centros Poblados con el carrusel de la contratación, recusación rechazada por el Ministerio", detalló.
La corrupción viene de antes: con evidencias que mostrará en el debate la ministra tendrá que explicar otros contratos en los que están involucrados las empresas de Centros Poblados y en los que la corrupción se viene dando desde mucho antes de que estallara el escándalo de los centros digitales.
Cuentas alegre de la ministra: el representante señaló que la ministra dijo el 25 de agosto de 2021 que ya se han recuperado $40 mil millones entre cuentas bancarias y lotes. "¿Cuáles son esas cuentas bancarias? ¿Dónde están los lotes y quién los ha avaluado? ¿Quién asegura que los lotes valen lo que dice la ministra? ¿Existen activos que permitan recuperar los $30 millones faltantes del anticipo?", preguntó.
Todos son responsables, menos la ministra: En las múltiples intervenciones de la Ministra ha acusado a la interventoría, la fiducia e incluso a funcionarios del Ministerio de ser quiénes deben responder por todo lo que ha acontecido con Centros Poblados. No acepta que tiene responsabilidad política por todo lo que suceda en su Ministerio como cabeza de este y responsabilidad administrativa que se evidencia en su intento de evadir la Ley 80.
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Hay que señalar que, por este caso la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal. El ente de control dirigido por Felipe Córdoba indicó que se investigarán las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría del contrato 1045 de 2020, además de la investigación por el manejo del anticipo de $70.243 millones que se le abonó a Centros Poblados para iniciar con la ejecución del contrato que buscaba prestar servicio de internet en 14.745 puntos digitales en zonas rurales del país.
Sumado a lo anterior, se ordenó el embargo de las cuentas de todos los funcionarios y contratistas implicados en el escándalo. Córdoba afirmó que pese a que el anticipo del contrato fue de $70.000 millones, la Contraloría está facultada para embargar el doble, es decir, $140.000 millones para salvaguardar los recursos públicos.
"Tenemos que verificar las cuentas y los datos que es lo que se tiene dentro del proceso para resguardar los recursos públicos. Los embargos correspondientes para resguardar no solo los 70.000 millones sino la norma nos permite resguardar hasta 140.000 millones y ya lo estamos haciendo", explicó.
