En la mañana de este martes 20 de julio, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, radicó con mensaje de urgencia la nueva reforma tributaria bautizada con el nombre 'Proyecto de Inversión Social', la cual busca recaudar $15,2 billones al año, contiene 35 artículos enfocados en nuevas fuentes de recaudo y propuestas de extensión de programas sociales.
El texto que fue presentado en el Congreso es producto de un mes de diálogos por todo el país en los que MinHacienda logró determinar cuatro consensos importantes sobre las necesidades de la población colombiana: protección de los más vulnerables, obtención de recursos por medio de la austeridad, la solidaridad empresarial y la lucha contra la evasión; la reactivación económica; y la estabilidad fiscal.
Tal como se esperaba este proyecto termina siendo una reforma light, pues teniendo en cuenta las situaciones que generó la propuesta que se hundió y la crisis económica, MinHacienda optó por tocar solo los temas urgentes, por lo que seguramente en los próximos años se deberá construir una nueva iniciativa que vaya al fondo de los problemas en materia tributaria del país.
¿En qué se va a gastar el dinero?
Ampliación de la vigencia temporal del Programa de Apoyo Formal (PAEF)
Únicamente para aquellos potenciales beneficiarios que para el periodo de cotización de marzo de 2021 hubiesen tenido un máximo de cincuenta (50) empleados, el Gobierno propone ampliar desde julio de 2021 hasta el mes de diciembre de 2021 este beneficio.
Los beneficiarios podrán solicitar el aporte estatal que otorga el PAEF, por una vez mensualmente, para las nóminas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.
Incentivo a la creación de nuevos empleos
Se propone crear el incentivo a la generación de nuevos empleos que permitirá financiar costos laborales como los pagos de seguridad social y parafiscales, y el cual estará dirigido a los empleadores que generen empleos mediante la contratación de trabajadores que correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años de edad.
El empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 25 % de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales. En caso de contratar trabajadores que no correspondan a los jóvenes a que hace referencia el inciso anterior, y que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 10 % de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales.
"Este incentivo estará vigente desde la promulgación de la presente ley hasta agosto de 2023. El empleador sólo podrá recibir dentro de la vigencia de este incentivo, un máximo de doce pagos. En todo caso, solo se efectuará un pago mensual. Para presentarse a las postulaciones posteriores a septiembre de 2022, el empleador deberá haberse presentado y recibido como mínimo un aporte antes de septiembre de 2022", reza el documento.
Matrícula cero
Se propone destinar anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas. Para la implementación de lo anterior sería necesaria una reglamentación adicional, advierte el Gobierno.
Ingreso Solidario
La propuesta para este beneficio que entrega $160.000 mensuales a hogares vulnerables, es extenderlo hasta diciembre de 2022, sin que se descarte la posibilidad de hacer giros extraordinarios.
Las transferencias, dice el articulado, “podrán ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) o a las demás fuentes de financiación consideradas en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”.
Apoyo a los sistema de transporte masivo
La propuesta es que durante el año 2021 la Nación en conjunto con las entidades territoriales, podrá establecer esquemas de cofinanciación, para los sistemas integrados de transporte masivo, destinados a cofinanciar los déficits operacionales, originados por las medidas de restricción del nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidas a contener la propagación del Covid-19.
El monto máximo a cofinanciar por parte del Gobierno será hasta del 50 % del déficit operacional certificado por cada ente gestor de los sistemas de transporte masivo y verificado por el Ministerio de Transporte. El monto será girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al ente gestor de cada sistema de transporte masivo, con cargo al Presupuesto General de la Nación.
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El Gobierno también propone que para efectos de ejecutar proyectos de inversión necesarios para fomentar la reactivación económica, las entidades territoriales puedan contratar operaciones de crédito público durante las vigencias 2021 a 2023, siempre que su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes no supere el 100%.
De igual forma se incluyó en el texto que llegó al Congreso la jornada de Día sin IVA como una de propuesta en materia de reactivación económica.
¿De dónde saldrá el dinero?
Impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto de renta
Se propone la creación para el año 2022 del impuesto de normalización tributaria como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto de renta o de regímenes sustitutivos de dicho tributo, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. El impuesto complementario de normalización tributaria se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del año 2022.
La base gravable del impuesto será el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del Título II del Libro I del Estatuto Tributario. La tarifa del tributo será del 17 %.
Tarifa de impuesto de renta sube al 35 %
Se contempla que a partir del año gravable 2022 la tarifa general para las personas jurídicas será del 35 %. Según la exposición de motivos del proyecto, la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes, al contrario se indica que la estructura tributaria sería más competitiva que en 2018.
Descuento del 50 % del pago de ICA
Se propone desmontar la ampliación del descuento tributario por pago de ICA del 50 % al 100 % en el impuesto de renta. Es clave mencionar que, este era uno de los beneficios que se estipularon en la pasada reforma tributaria.
Esta medida generaría un recaudo de 3,9 billones de pesos y busca tener un equilibrio más eficiente entre los impuestos territoriales y nacionales.
Sobretasa transitoria al sector financiero
Se propone una sobretasa a las entidades financieras que tengan una renta líquida gravable superior a 120.000 UVT. Esta generaría 392.000 millones de pesos. Será de tres puntos porcentuales e irá hasta 2025. Así, el sector presentaría una tarifa total de 38 %.
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Reducción progresiva de los gastos de viáticos, de viaje, papelería, impresión, publicidad, compra de vehículos y combustibles hasta alcanzar un 50 % de ahorro con respecto al valor ejecutado en 2019, ajustado por inflación.
Abstención de adquisición o renovación de teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para cualquier servidor público. Además, deberán desmontar, a más tardar en el 2023, los planes que actualmente tienen contratados, de forma definitiva. La medida no incluye las líneas que se destinen a la atención al ciudadano ni los que usa el personal que garantiza la seguridad de los esquemas de protección.
Adopción de medidas efectivas para reducir gastos de arrendamiento en instalaciones físicas, considerando su costo, el trabajo en casa y el teletrabajo, de tal manera que no se renueven contratos y se entreguen los inmuebles.
Reducción progresiva de los contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales con personas y empresas, salvo cuando no exista planta de personal para atender dichas actividades. Deberán alcanzar un ahorro del 10 por ciento frente a lo asignado en 2019 y la reducción no podrá ser menor al 1 % anual.
