Tras el llamado del presidente Iván Duque al Congreso de la República para que se le de trámite a una ley antivandalismo y antidisturbios, el senador Juan Diego Gómez anunció que volverá radicar su proyecto de regularización de la protesta social, una iniciativa impopular que no fue discutida en la legislatura pasada.
"Ante la realidad que durante un año la Comisión Primera del Senado no pudo dar debate a este proyecto la decisión es radicar nuevamente el 20 de julio este proyecto de ley estatutaria que nos permita conectar el artículo 37 de la Constitución con el resto del ordenamiento, garantizando el ejercicio de este derecho, pero garantizando el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos", afirmó Gómez.
El proyecto del congresista conservador reconoce la protesta social como un derecho fundamental, pero impone una serie de obligaciones y responsabilidades a quienes cometan actos violentos y vandálicos en las jornadas de manifestaciones.
Además de regular la protesta, la iniciativa también dicta unos protocolos de intervención de la Fuerza Pública en caso de violencia, permitiéndoles el uso de armas de electrochoque o taser.
Prohíbe las manifestaciones en las inmediaciones de hospitales, puertos marítimos, fluviales y aeroportuarios, bienes patrimonio cultural, como la Catedral Primada en Bogotá. Esto, de antemano, impediría que la ciudadanía termine sus protestas en la Plaza de Bolívar.
El proyecto también prohíbe: "La presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación" y el "porte o uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza pública, terceros y el patrimonio público y/o privado".
Los castigos que recoge el proyecto de Gómez contra quienes incitan la violencia y el vandalismo van desde multas que ascienden hasta los $82′000.000 hasta pérdidas de beneficios en créditos de Icetex o becas otorgadas por el Estado.
Y establece multas pedagógicas como prestar servicio social para beneficio de la comunidad, ofrecer disculpas en forma pública por los efectos de sus actos violentos durante las manifestaciones y participar en campañas educativas sobre el desarrollo de la manifestación social y pacífica.
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Igualmente, crea el Fondo para la Democracia con el propósito de indemnizar a los perjudicados por los disturbios. Los dineros saldrían del despacho ministerial del que es objeto la protesta. Por ejemplo, si los estudiantes se movilizan exigiendo más recursos para la universidad pública, en caso de daños, al Ministerio de Educación se le descontarían recursos para el Fondo.
"La reparación por los daños causados con ocasión de las manifestaciones se otorgará por una sola vez, hasta la suma equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, por cada solicitante. Cada solicitante podrá pedir indemnización hasta por cinco (5) distintos establecimientos de comercio abiertos al público, empresas o propiedades afectados con la respectiva manifestación social", dice el articulado del proyecto.
