Manifestantes regresaron a las calles de Bogotá el pasado 15 de junio para mostrar su inconformidad por los desalojos que llevó a cabo el Distrito en varios barrios de la ciudad pero también para marchar en contra del racismo.
Marchas que nuevamente terminaron en enfrentamientos con el Esmad y que la alcaldesa de Bogotá Claudia López tachó de ser manifestaciones vandálicas, teniendo en cuenta que antes de llegar a la alcaldía defendió y participó en varias protestas.
“Supuestos jóvenes inconformes terminan siendo vándalos encapuchados”, indicó López y señaló que las aglomeraciones que se presentaron en la capital eran irresponsables y que esta no era “una protesta legítima de ningún tipo”.
“Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no vamos a permitir”, dijo Claudia López.
Las declaraciones de la alcaldesa fueron utilizadas por el senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que inició una serie de comentarios en contra de la mandataria local señalando que: “imita a Trump en el manejo de las manifestaciones contra la discriminación racial”, e invitó a la gente a salir a las calles.
“Colombia va a salir a las calles, no hay ninguna razón jurídica que lo pueda impedir, es un derecho constitucional”, expresó el senador Petro.
Sin embargo, al exalcalde también le recordaron como en su administración también sacó al escuadrón antidisturbios para los manifestantes del paro agrario y pidió el
¿Cambian de posición sobre las protestas los políticos cuando ocupan cargos públicos?
Kienyke.com conversó con Alejo Vargas Velásquez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, quien se refirió a la posición de los alcaldes frente a las protestas.
Esto, debido a que distintos ciudadanos han mostrado su inconformidad respecto a la manera en que los alcaldes de la capital han manejado las protestas durante su administración, pero en otro rol político manifiestan su apoyo a las marchas.
“El problema es que muchos de los participantes de las marchas a veces consideran que si la marcha no tiene hechos de lo que llaman como tropel o violencia no funciona, entonces ahí donde viene el problema”, dijo el especialista.
Sin embargo, señaló que el tema es que el ejercicio constitucional de protesta, no necesariamente significa que eso permite que se atropellen bienes públicos.
“Es verdad que en el pasado reciente, y lo vivimos en las movilizaciones del año pasado, el comportamiento del ESMAD no fue lo mejor, pues fue evidente que hubo excesos de su parte, por lo que se vuelve sin duda un factor que estimula a los manifestantes a que se acuda a hechos de violencia, y a eso se le suma que sin duda hoy día estamos en una situación sui géneris porque estamos en el contexto de una cierta cuarentena, así esté muy debilitada, pero siguen estando”, manifestó.
Es así que aseguró que esto genera un ambiente complejo de lado a lado. Desde el lado del Gobierno una susceptibilidad por decir que están propiciando la expansión del virus, y del lado de los manifestantes que dicen que "No, nosotros tenemos nuestro legítimo derecho".
La diferencia entre administrar y hacer oposición
“El gran problema es que lo que sería lo deseable no siempre es fácil de aplicar, es decir que todos los asistentes a la marcha vayan con sus tapabocas y guarden cierta distancia pero no es tan sencillo que se aplique”, dijo el profesor universitario.
Sin embargo, el especialista aseguró que hay que tener en cuenta que una cosa es un líder político cuando está en campaña o cuando está en la oposición; y otra cosa es ese mismo líder cuando está haciendo funciones de Gobierno.
“Porque un líder político en la oposición tiene la tranquilidad de que simplemente él puede hacer críticas pero no tiene responsabilidad de Gobierno. Cuando se ubican en el otro lado, allí las cosas cambian porque eso tiene unos marcos legales, unas limitaciones presupuestales, etc... y eso hace que no sea tan fácil que lo que se dijo en una posición se pueda mantener en la otra”, concluyó el profesor Alejo Vargas.
