Este lunes, a través de un documento dirigido al Congreso de la República, el Gobierno Nacional, en representación del viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, sentó postura en contra de la propuesta de eliminar el 4x1000 a razón de un impacto fiscal negativo para las finanzas del Estado.
De acuerdo a lo expuesto por el Gobierno, no hay forma de solventar a través de otras fuentes el hueco fiscal que dejaría la eliminación de este impuesto que fue decretado como temporal pero que lleva más de 20 años vigente.
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De acuerdo a los estudios del Ministerio de Hacienda, la eliminación gradual de dicho gravamen tendría un impacto fiscal anual de casi 7.4 billones de pesos, lo que representa el 0,7% del PIB. Además, podría tener como consecuencia un aumento el impuesto de renta.
“También se presentaría un leve incremento en el recaudo del impuesto de renta, en la medida en la que los contribuyentes dejarían de tener deducciones correspondientes al 50 % del pago de este impuesto”, dicta el documento.
Cabe recordar que la propuesta de eliminación del 4x1000 fue liderada por la representante Katherine Miranda y posteriormente aprobada en la Cámara.
Es importante señalar que la eliminación sería gradual y comenzaría a partir de 2023, año en el que pasará al 3x1.000, luego en 2024 llegará al 2x1.000, en 2025 será el 1x1.000 y desde 2026 dejará de estar vigente.
Además, los 8 billones de pesos que se dejarían de recaudar serían compensados con un impuesto a los ingresos altos, el cual aplicaría para las personas que tengan ingresos superiores a los 25 millones mensuales. "Vamos a sopesar el ingreso que dejará de recibir la nación por impuestos a los salarios más altos, a partir de los 25 millones de pesos", explicó la representante Katherine Miranda.
Del mismo modo, se le apunta a derogar los beneficios otorgados a las megainversiones aprobados en el 2019, que hoy le cuestan a la nación entre 6 y 9 de billones de pesos
"La sustitución de un impuesto de esta magnitud se debe realizar desde el reordenamiento del gasto público desde diferentes ámbitos. Primero, reconocer que hay un recaudo no explorado en los altos ingresos del sector público y privado, y quienes podrían aportar para lograr el desmonte de GMF, segundo desde la acción solidaria que hoy tienen el sector financiero a través de una sobretasa de renta a los bancos e instituciones financieras, tercero, desde una reforma al Estado para la reducción de su tamaño y cuarto, derogar las costosas exenciones tributarias dirigidas a las grandes empresas del país", dice la exposición de motivos de la iniciativa.
Desde los gremios económicos se le ha dado luz verde a esta modificación. Alejandro Vera, vicepresidente técnico de la Asociación Bancaria de Colombia, (Asobancaria) afirmó que son partidarios de que se elimine el impuesto a las transacciones financieras, al considerar que es distorsionante y promueve el sobreuso del efectivo en la economía.
Desde dicho sector se advirtió que su eliminación incentivaría la bancarización y el uso de productos y canales financieros y que de todas maneras el Gobierno debe tener claridad en la transición en la eliminación de impuestos, especialmente en momentos de escasez fiscal como el que atraviesa el país actualmente.
¿Qué es el 4x1000?
Este impuesto fue creado en el país mediante el decreto 2331 de 1998, expedido al amparo de la emergencia económica invocada por el Gobierno, para enfrentar la crisis financiera de esa época. Inicialmente la medida tenía una vigencia temporal de un año.
El dinero que se recaudara con este mecanismo se destinaría a la banca pública, a las cooperativas financieras y a los alivios para los deudores del sistema Upac. Es decir, la banca privada quedó excluida de recibir recursos de este impuesto para salir de la crisis económica.
¿Por qué el 4x1000 se mantiene?
En 1999 bajo otra emergencia económica, (terremoto en la zona cafetera del país) el tributo se prolongó por otro año y se modificó el destino de los recaudos. Ahora, ayudarían a financiar los gastos de la reconstrucción de las poblaciones más perjudicadas por la catástrofe natural.
En el año 2000, el gravamen fue convertido en un impuesto permanente y su tarifa inicial como contribución fue del 2×1000 para los retiros realizados de las cuentas corrientes y de ahorro, los depósitos en el Banco de la República y la emisión de cheques de gerencia. Sin embargo, con el paso de unos meses, la tasa se incrementó a 3×1000 (Ley 633) y en 2003 se elevó a 4×1000, de manera transitoria hasta 2007 (Ley 863), y en 2006 la tarifa del 4×1000 se fijó como permanente (Ley 1111).
