Colombia completa más de 20 días de protesta social y casi los mismos días con bloqueos en las vías, los cuales ha complicado el libre tránsito y el transporte de alimentos, insumos y medicamentos. Ante este panorama, el presidente Iván Duque ordenó el máximo despliegue militar para desbloquear las vías en el país. La instrucción generó controversia en el país.
Según explicó el presidente, el despliegue de fuerza pública será en trabajo con gobernadores y alcaldes, amparados en el estricto apego a los derechos humanos y el respeto a la ley.
"Hemos dado instrucciones a todos los niveles de Fuerza Pública para que, en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que, dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, les permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar", puntualizó.
El mandatario aseguró que los derechos de los colombianos deben protegerse "sin titubeos", entre otras cosas porque, en el país no existe ningún derecho a obstaculizar vías, ningún derecho a afectar los derechos de los demás y ningún derecho a limitar la alimentación, el abastecimiento y el bienestar de nuestras familias.
"Hemos visto que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones", dijo Duque sobre la necesidad de avanzar en estos desbloqueos con ayuda militar.
La orden dada por el presidente no cayó del todo bien, mientras unos apoyan su instrucción porque consideran que los bloqueos son actos vandálicos o terroristas, otros señalan que podría ser un error en materia de diálogo y facilitar las condiciones para enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública.
En primer lugar, hay que mencionar el respaldo irrestricto del Ministerio del Interior a levantar los bloqueos con ayuda de las fuerzas militares. El ministro de Interior, Daniel Palacios, ha señalado que los bloqueos no están incluidos en la Constitución como expresión de protesta, por lo tanto, deben abrirse las vías.
Así mismo, el senador del Centro Democrático Fernando Araújo criticó las obstrucciones en las vías y expresó su respaldo a la fuerza pública para levantar los bloqueos. "Los bloqueos son un delito penal que debe ser castigado. Confiamos y respaldamos a la policía para desbloquear al país. #LevantenBloqueosYA", sentenció.
Por su parte, el excandidato a la Alcaldía Miguel Uribe Turbay afirmó que quienes promueven los bloqueos en las vías deben asumir consecuencias ante la justicia. "Los bloqueos, sin excepción, son una manifestación de violencia que perjudican a todos los colombianos. Quienes los promueven deben asumir las consecuencias legales".
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En la oposición la orden presidencial fue tajantemente rechazada. Distintos líderes de ese sector político han cuestionado el desbloqueo de las vías con acompañamiento militar, puesto que, consideran que podría generar confrontaciones violentas.
El senador Gustavo Petro expresó: "Usted, Duque, ha dado la orden para matanza", en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la representante Ángela María Robledo cuestionó el desbloqueo porque, a su juicio, podría cerrar las puertas del diálogo con el Comité del Paro y con demás actores de las protestas. Además, hizo mención de la conducta de las fuerzas públicas como otro factor que no favorecen los desbloqueos.
El exsenador Juan Manuel Galán se mostró a favor de desbloquear las vías, sin embargo, señaló que debería ser un acto voluntario para evitar las confrontaciones violentas entre los manifestantes y la fuerza pública.
