En una reciente declaración, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, respaldó la investigación de la Fiscalía General de la Nación en torno a la supuesta compra del software espía Pegasus en Colombia.
Según la ministra, existen evidencias que indican que sí hubo una entrega de dinero destinada a la adquisición de este controversial programa de espionaje. Esta afirmación ha reavivado el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia en el país y su implicación en los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha estado al frente de esta investigación, la cual se centra en dos transacciones financieras que totalizan aproximadamente 11 millones de dólares. Estas transacciones, según documentos recibidos por la Fiscalía, incluyen un pago de 5,5 millones de dólares a NSO Group, la empresa israelí que desarrolla Pegasus. Este pago habría sido realizado en Colombia en junio de 2021, y otro ingreso de alrededor de 6 millones de dólares se habría efectuado entre septiembre y octubre del mismo año.
Buitrago, aunque admitió que su ministerio no tiene competencia directa en la compra del software, destacó la importancia de continuar con la investigación. “Es crucial determinar cómo se destinó esta partida, cuándo y quién fue el responsable de girarla”, afirmó la ministra, enfatizando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.
Pegasus: Un software controversial
Pegasus es un programa de espionaje conocido por su capacidad para infiltrarse en teléfonos móviles y acceder a datos personales, mensajes y llamadas. Su uso ha sido objeto de críticas a nivel mundial debido a las implicaciones que tiene para la privacidad y los derechos humanos. Varios gobiernos han sido acusados de utilizar este tipo de software para vigilar a opositores políticos, activistas y periodistas.
En el caso colombiano, la confirmación de que hubo una compra de Pegasus plantea serias preocupaciones sobre la posible violación de derechos humanos y el abuso de poder. La capacidad de un gobierno para espiar a sus ciudadanos puede erosionar la confianza pública y afectar gravemente la democracia.
El anuncio de la ministra Buitrago llega en un momento crítico para Colombia, donde el debate sobre la vigilancia estatal y los derechos civiles ha cobrado relevancia. La administración actual ha enfatizado la necesidad de respetar los derechos humanos, pero la implicación de un software como Pegasus en manos del Estado plantea interrogantes sobre su compromiso con estos principios.
Además, la controversia sobre la compra del software se inscribe en un contexto más amplio de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Muchos ciudadanos han expresado su preocupación por cómo se utilizan los recursos públicos y la falta de transparencia en los procesos de contratación.
Las afirmaciones de la ministra han generado una ola de reacciones en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos. Activistas han instado a una investigación exhaustiva y a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios implicados. "La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se están utilizando sus impuestos para financiar programas de vigilancia", manifestó un portavoz de una organización de derechos humanos.
Asimismo, varios sectores políticos han exigido claridad sobre los detalles de las transacciones y la razón detrás de la elección de Pegasus como herramienta de vigilancia.
Con la confirmación de la existencia de pagos, la Fiscalía se enfrenta al reto de desentrañar una red compleja que involucra a varios actores y transacciones financieras. Se espera que se realicen más diligencias para identificar quiénes fueron los responsables de la compra y cómo se justificaron esos gastos ante la ciudadanía.
La ministra Buitrago ha instado a que la investigación avance de manera rápida y efectiva, un llamado que resonará en todos los sectores de la sociedad colombiana que demanda justicia y transparencia.
